DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

9. EL JUICIO. CUANDO Y COMO JUZGAR
G. Pugliese, Diritto penale romano, cit., pp. 264-267 y 269 SS. Sobre la lista de ciudadanos
(senadores y caballeros) entre los cuales en Roma se elegían los jueces para la fase del
juicio apud iudicem, véase Th. Mommsen, o. c., t. 1, pp. 236-257; C. Bertolini, Appunti
djhttici di diritto romano, Utet, Turín, 1913, vol. 1, pp. 61 SS.; C. Gioffredi, Iudex, en
Novissimo Digesto italiano, cit., IX, 1963, pp. 334-335; F. de Martino, Storia della
costituzione romana, Jovene, Nápoles, 1973, m, pp. 147 SS.; G. Pugliese, o. c., pp. 276 SS.
141. Th. Mommsen, o. c., t. 1, pp. 304-347; C. Bertolini, o. c., pp. 49 y SS.;
C. Plugliese, o. c., pp. 302 SS. y 324 SS.
142. Sobre el origen de los *jurados» como giuratori o attestatori del hecho, cf.
G. Carmignani, o. c., lib. IV, pp. 16 y 250 SS.; K. J. Mittermaier, 11 processo orale accusatorio,
cit., p. 472; F. Carrara, o. c., pp. 228 ss. y 394; L. Lucchini, o. c., p. 184;
A. Pertile, o. c., VI, t. 1, pp. 220 SS. Este originario carácter testimonial del veredictum,
convertido muy pronto en el juicio de las personas estimadas del lugar, está acreditado
por el art. 20 de la Magna Carta, que habla de «testimonio jurado de los hombres probos
del vecindario sobre la transgresión*. También es advertible, por otra parte en el
testimonio jurado sobre los sospechosos de herejía, que en la originaria inquisición eclesiástica,
regulada por los concilios de 1184 y de 1215, venía impuesto por los obispos
a las personas del lugar en sus visitas de inspección (supra, nota 94).
143. V. Manzini, Trattato di diritto processuale, cit., 1, pp. 9, 18 SS. y 31 SS.,
A. Pertile, o. c., VI, t. 1, pp. 127-237; G. Salvioli, o. c., parte 11, pár. 1; N. Picardi, Ilgiudice
ordinario (Le variabili nella tradizione del diritto comune europeo), en L'ordinamento
giudiziario. III: Materiali per una riforma, a cargo de A. Giuliani y N. Picardi,
Maggioli, Rímini, 1985, pp. 21-73 (y también ~Rivista di Diritto processualen, 1985,4,
pp. 758-810).
144. Constitución del 3.9.1791, tít. ID, art. 5: «El poder judicial está delegado en
jueces elegidos con carácter temporal por el pueblo-; la norma se repite en el art. 2 del
cap. V del mismo titulo, dedicado al poder judicial, donde se instituye también el jurado
popular (arts. 9, 18 y 26). La electividad de los jueces fue revalidada por el art. 209 de
la Constitución de 1795 y, limitadamente a los jueces de paz, por el art. 60 de la de
1799; el jurado fue de nuevo previsto en el art. 96 de la Constitución de 1793, por los
arts. 237-239 de la Constitución del 95 y, como jurados de acusación, por el art. 62 de
la Constitución de 1799. De las Constituciones francesas, el instituto del jurado de acusación
pasó de manera efímera a la Constitución de la República Cisalpina, de
8.7.1797; y reapareció nuevamente en Lombardía con la ley de 14 de mayo de 1849,
derogada el 31.12.1851. Más estable fue en cambio el jurado introducido en el
Piamonte con la ley n. 695 de 26.3.1848, que duró en Italia hasta su supresión durante
el fascismo (infra, nota 167).
145. La formación de un orden de jueces estables y de nombramiento estatal se
remonta en Toscana a la reforma leopoldina de 1786; en Francia, como se verá en la
nora 21 1, a la reforma Maupeou de 1771 abortada en 1774 y a la más importante legislación
revolucionaria del bienio 1790- 1791, así como a la napoleónica, coronada por
el ordenamiento judicial de 20.5.1810; en Nápoles, a la ley orgánica de 20.5.1808.
Véase, sobre la estatalización del orden judicial, V. Manzini, o. c., pp. 65-66; G. Salvioli,
o. c., parte 11, pp. 138-147; L. Ingber, Le model napoleonien du juge et son influente
en Belgique, en L'ordinamento giudiziario, cit., 1. Documentazione storica, pp.
134-195; N. Picardi, La formazione del giudice in Italia (Costruzione e crisi di un modelo),
en L'educazione giuridica. 1: Modelli di universita e progetti di riforma, a cargo
de A. Giuliani y N. Picardi, Librería Universitaria, Perusa, 1975, pp. 430-460; N.
Picardi-A. Giuliani, La responsabilita del giudice: hllo stato liberale allo stato fascista,
111. La responsabilita del giudice, pp. 505-563.
146. Gratia Aretinus, Summa de iudiciario ordine, cit., tít. 1, párs. 1 y 2. Sobre