DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
cumplimiento de la medida de seguridad (art. 214 c.p.); de transgresión
de las obligaciones impuestas en otra medida de seguridad (arts.
231, 233.3, 234.3 y 238 c.p.); y de hechos objetivamente previstos
como delito pero cometidos por personas inimputables o no punibles,
como los menores, a los que se puede imponer el reformatorio judicial
(arts. 223 a 227 c.p.), o los enfermos mentales, a los que se puede imponer
el hospital psiquiátrico (art. 222 c.p.). Pero, sobre todo, las medidas
de seguridad pueden imponerse a veces al margen de la sentencia
de condena o de absolución y, por tanto, al margen de la
comprobación de un hecho previsto por la ley. Así ocurre cuando se
aplican preventiva o provisionalmente antes de la sentencia (arts.
206 c.p., 73 y 286 c.p.p.), o, por el contrario, en resolución posterior
a la misma (art. 205 c.p.), o -y es la hipótesis más relevante- cuando
se prorrogan al *reexaminar la peligrosidad. (arts. 208 c.p. y
69.4 del ordenamiento ~enitenciario de 1975).
En todos los casos,'incluso cuando las medidas de seguridad se
imponen con la resolución condenatoria o absolutoria por inimputabilidad,
no son consecuencia del, ni se adecúan al, tipo de delito,
sino del tipo y el grado de peligrosidad social del sujeto, valorada por
el iuez sobre la base de una de las siguientes formas de status: delincuknte
o infractor habitual (arts. 102 a 104 c.p.), delincuente profesional
(art. 105), delincuente por tendencia (art. loa), enfermo mental
(art. 88), semienfermo mental (art. 89), ebrio habitual (art. 94),
intoxicado crónico por el alcohol o por estupefacientes (art. 95), sordomudo
(art. 96), menor de edad (arts. 97-98), condenado a más de
diez años o liberado condicionalmente (art. 230), extranjero (arts. 235
y 312). Y todo ello pendiente de la ya denunciada naturaleza preventiva
y no retributiva de las medidas de seguridad, esto es, del hecho de
que el delito y la condena no son la causa, sino sólo, respectivamente,
síntoma y ocasión de la afirmación de peligrosidad social, insuficientes
en algunos casos e innecesarios en otros para su aplicación.
3. La lesión del principio de estricta legalidad. En segundo lugar, no
están vigentes, en el ámbito de las medidas de seguridad, ni el princi-
pio de estricta legalidad, en el sentido que tal principio tiene en ma-
teria penal, ni el de irretroactividad de la ley penal. Este segundo
principio viene explícitamente negado por el art. 200 c.p., que esta-
blece la aplicación de la ley en vigor al tiempo de imposición de la me-
dida y de las que vayan entrando en vigor durante su ejecución, in-
cluso cuando las nuevas disposiciones sean más desfavorables para el
reo (art. 200: .Las medidas de seguridad son reguladas por la ley en
vigor al tiempo de su aplicación. Si la ley del tiempo en que debe cum-
plirse la medida de seguridad es distinta, se aplica la ley en vigor al
tiempo de la ejecución.).
En cuanto al principio de estricta legalidad penal, no basta para
considerarlo satisfecho con que el art. 25, 3." de la Constitución de-