DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

14. EL PUNTO DE VISTA EXTERNO
las minorías revolucionarias, que comparten valores precisamente
contrarios. Y si después estas minorías llegar a ser mayorías, puede incluso
suceder que el ordenamiento deje de regir, pero también esto
será un hecho, no un des-valor, y será quizá considerado como un
bien o un valor por la nueva mayoría.
Puede decirse muy bien, por cierto, que los ordenamientos democráticos
son los que gozan de la adhesión moral de la mayoría, entendida,
sin embargo, según nuestro modelo de justificación externa,
no como adhesión a priori a su modelo normativo abstracto sino
como adhesión a posteriori a su efectivo funcionamiento concreto.
Pero estos ordenamientos se caracterizan, más que por la adhesión
moral y política que se les presta, por la no adhesión moral y política
tolerada y legitimada por ellos. Si esto es verdad, la obligación moral
de los ciudadanos de obedecer las leyes es, sin más, incompatible
con la democracia. Podemos, si estimamos que es justo y oportuno
que un determinado ordenamiento deba ser conservado, sentir personalmente
la obligación moral, incluso incondicionada, de obedecer
las leyes como tales e incluso desear que tal obligación sea sentida por
el mayor número posible de personas. Pero no podemos exigir moralmente
que esta misma obligación sea sentida también por los
demás, es decir, que la adhesión moral prestada y deseada por nosotros
sea moralmente obligatoria. El principio moral de la obediencia,
en definitiva, no es susceptible de ser universalizado. Y puesto que son
morales, según la bien conocida tesis meta-moral formulada por
Richard M. Hare y que remite a Kant, sólo los criterios de conducta
susceptibles de ser universalizados 37, no es un principio moral.
Por el contrario, el principio normativo de la desobediencia en relación
con las leyes que contradigan y comprometan los fundamentos
de legitimación interna y externa del ordenamiento sí es una norma
moral en la concepción hétero-poyética del estado de derecho. Si a
propósito del estado de derecho queremos hablar de un acuerdo prepolítico,
o sea, de un fundamento moral y político justificante, éste no
reside en el deber moral de la obediencia, sino en el derecho y, en los
casos extremos, en el deber moral de la desobediencia cuando las
leyes entran en conflicto radical con los valores «universales» y «fundamentales~
sancionados en la Constitución. Este, por lo demás, es el
principio que fue inscrito en las primeras Constituciones y declaraciones
de derechos, que como ha observado Norberto Bobbio tienen
la forma de las () pero la sustancia del «acuerdo» 38 en
torno a los fines que justifican y vinculan a los poderes del estado.
.Cuando un gobierno resulta inadecuado o es contrario a estos fines.,
dice el art. 3 de la Declaración de derechos de Virginia, ala mayoría
de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable
de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más
conveniente al bien público.; y el art. 29 de la Constitución francesa
de 1793 establecía: .En todo gobierno libre, los hombres deben tener