DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

10. EL SUBSISTEMA PENAL ORDINARIO
El tercer legado de la legislación de emergencia lo constituye la ley
Mancino-Violante n. 29 de 17.2.1987, sobre la .lectura. de las actas
en la vista contradictoria, cuyo contenido ha sido recogido, en lo
sustancial, por los arts. 511 y 513 del nuevo código. Derogando el
de oralidad del proceso, de iniciativa de las partes en mate-
ria de prueba y, sobre todo, de posibilidad de utilizar en las resolu-
ciones sólo las pruebas practicadas en el plenario, estos artículos per-
miten al juez disponer, «incluso de oficio,), que «se dé lectura, íntegra
o parcial, a las actuaciones contenidas en los autos* y, .a instancia de
parte*, .de las actuaciones del ministerio público* cuando «por he-
chos o circunstancias imprevisibles sea imposible su repetición*, y de
las declaraciones realizadas por el imputado al ministerio público o al
juez de la audiencia preliminar, cuando aquél sea .contumaz, au-
sente o rehúse responder». Además, todas las actas incluidas en la do-
cumentación del ministerio público y relativas a las investigaciones
por él practicadas (arts. 416 y 433), actas cuya lectura no se permi-
te (art. 514), son utilizables en el plenario para las alegaciones (arts.
238.4; 500.1 y 4,503.3 y 6), y aunque no hagan prueba -según dice
el art. 500.3, como si en un sistema que ignora las pruebas legales hu-
biese gran diferencia- pueden ser «valoradas por el juez para esta-
blecer la credibilidad de la persona interrogadan. De este modo, por
medio de la «lectura» y de las ((alegaciones., entra de nuevo en el
proceso, aunque limitada a sólo algunos actos, la instrucción escrita,
secreta, sustraída al contradictorio, y, cuando se lee el interrogatorio
del imputado que rechaza responder en la vista, lesiva del principio
nemo telietur se detegere.
El retroceso al esquema inquisitivo va incluso más allá que el ré-
gimen procesal anterior a la ley de 1987, por efecto del art. 51 1.5, que
permite al juez indicar específicamente, «incluso de oficio,), ((las ac-
tuaciones utilizables para la decisión,,, estableciendo que «la indica-
ción de las actuaciones equivale a su lectura., obligatoria sólo si se
trata de «declaraciones y una parte lo piden o «en caso de desacuerdo
serio sobre el contenido de las actuaciones». Esto significa que muchas
actuaciones de la fase preliminar pueden ser tomadas como base del
juicio, sin haber sido leídas ni hecho públicas jamás. Con el riesgo,
sobre todo en los grandes procesos, de que cualquier juez, y en parti-
cular los jurados, terminen por decidir sin leer ni conocer las actas, y
remitiéndose, como en el pasado, al expediente procesal y al conoci-
miento que del mismo tenga el presidente.
Todo ello, unido a la previsible pervivencia en la cultura de los
jueces y de los demás intervinientes en el juicio29 de las viejas actitudes
inquisitivas, hace bastante improbable la efectiva transformación del
proceso penal italiano en un sistema acusatorio. Aun cuando sea líci-
to esperar una revitalización cualitativa (pero no, según se verá, cuan-
titativa) de la vista, reducida en el pasado a poco más que una cansi-
na repetición de los resultados de la instrucción y a un debate oratorio