DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

14. EL PUNTO D E VISTA EXTERNO
recho; en segundo lugar, la familia, sujeta a la absoluta potestad del
padre y, por consiguiente, a las dinámicas de las relaciones internas de
fuerza; después los cuarteles, los hospitales, los conventos y todo el
abigarrado conjunto de las instituciones totales que formaban, y en
parte forman todavía, ordenamientos particulares dentro del ordena-
miento general.
Puede decirse que toda reforma democrática de cada uno de estos
mundos se ha producido a través de la introducción de límites y obli-
gaciones legales a las potestades privadas que de otro modo serían ab-
solutas y mediante la institución de una tutela judicial de los derechos
fundamentales ofendidos por aquéllas. Piénsese que en los Estados
Unidos, en 1875, el único modo que un grupo de vecinos pudo ima-
ginar para poner término a los malos tratos infligidos a una niña
por sus padres fue recurrir a las normas sobre protección de los ani-
males4j; y que todavía hasta hace pocos años el código civil italiano
preveía un verdadero poder penal del padre, que se ejercía mediante la
reclusión de los hijos en establecimientos especiales de custodia sobre
la base del juicio inapelable de aquél acerca de su «mala conduc-
ta» 46. En cuanto a las fábricas, el poder del empresario fue práctica-
mente absoluto hasta la mitad del siglo pasado y ha hecho falta un
siglo de luchas obreras para conseguir su limitación: desde las prime-
ras leyes decimonónicas sobre el horario de trabajo, el trabajo noc-
turno y el de las mujeres y niños, a las primeras obligaciones intro-
ducidas en las primeras décadas de nuestro siglo en materia de
asistencia, seguros, higiene y prevención de accidentes, hasta las leyes
de las pasadas décadas sobre el despido sólo por justa causa y el es-
tatuto de los derechos de los trabajadores. Hoy, por otra parte, se han
añadido nuevos ámbitos de vida y de poder a los viejos ámbitos de
vida civil, cuyo régimen de garantías es aún del todo insatisfactorio.
Baste pensar en los partidos, en otro tiempo libres asociaciones pri-
vadas y ahora, cada vez más, máquinas burocráticas en las que el des-
potismo interno se entrelaza con el político y para-público externo.
Es claro que el reconocimiento y la garantía de los derechos fun-
damentales también en estos ámbitos privados exigen una articulación
del estado de derecho mucho más compleja que la paleo-liberal. En
efecto, requieren no sólo vínculos y límites normativos en relación con
los poderes del estado, sino también límites y vínculos normativos,
mayores aún que los hoy previstos, en relación con los poderes de los
ciudadanos. Es claro también que tales vínculos no pueden más que
ser a su vez limitados, pues encuentran el límite de las libertades in-
dividuales con las que los poderes privados suelen estar estrechamen-
te entrelazados. Pero, una vez excluida su confusión con las libertades,
no existe ninguna razón para que también estos poderes, al igual
que aquéllos, no estén sujetos a la ley y subordinados al respeto y a la
satisfacción de los derechos fundamentales. En otras palabras, tam-
bién los poderes privados, como los poderes públicos, están sujetos a