DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
ya que representan una derogación ulterior al principio axiológico del
monopolio penal y judicial de la fuerza en el estado de derecho, me-
recen ser, cuando menos, recordadas. Las dividiremos en dos subcla-
ses: medidas de administración policial ordinaria y medidas de ex-
cepción.
2. Medidas de administración policial ordinaria. En el apartado
precedente se ha hablado ya de la invitación y el traslado coactivo
.por medio de la fuerza pública», previstos en el art. 15 del Texto
Único de las leyes de seguridad pública, y de la posibilidad de que se
transformen en una informal e incontrolada detención policial. Un ulterior
y potestativo ataque a la libertad personal viene constituido por
las anotación de características a que pueden ser sometidos, al arbitrio
de la autoridad pública y en aplicación del art. 4 del mismo Texto
Unico, no sólo «quienes no estén en situación de probar su identidad
o rechacen hacerlo», sino también las personas simplemente epeligrosas
o sospechosas..
A su vez, los arts. 18 a 24 del Texto Único lesionan la libertad de
reunión. Precisamente, el art. 18, tras haber establecido la obligación
que tienen los promotores de cualquier «reunión en lugar público~
de .dar aviso, al menos con tres días de antelación, al jefe de policía~,
atribuye a éste, en caso no sólo de que falte ese aviso sino
también .por razones de orden público, de moralidad o de sanidad
públicas>>, la facultad de *impedir que la reunión tenga lugar» o de
«decidir modificaciones temporales y espaciales de la reunión». El art.
20, por su parte, atribuye a la policía el poder de disolver las reuniones
en lugar público, además de por motivos de «orden público» o de
«seguridad., cuando se produzcan en ellas «manifestaciones o gritos
sediciosos o lesivos del prestigio de la autoridad*. Tenemos así una
potestad ilimitada, y por ello contraria, además de al art. 17 de la
Constitución que prevé la prohibición de las reuniones públicas sólo
por «probados motivos de seguridad o incolumidad públicas», al
principio general de legalidad propio del estado de derecho, que veta
que las libertades constitucionales de los ciudadanos queden confiadas
a formas de tutela administrativa, no rígidamente delimitadas, por lo
demás, por la ley.
Se pueden provocar restricciones a la libertad de manifestación del
pensamiento a través del ilimitado abanico de autorizaciones y licencias
policiafes (art. 8) y de las prescripciones conexas (art. 9). Las
correspondientes facultades pueden traducirse en denegaciones,
revocaciones o suspensiones (arts. 10 y 11), y, por tanto, en la prohibición
de una cantidad innumerable de actividades y profesiones
-entre ellas, los espectáculos (arts. 68 a 85), sobre los que está previsto
un poder administrativo de censura por .ofensa a las buenas
costumbres. (arts. 6 y 12 de la ley 161 de 21.4.1962), y la prensa (art.
11 1)-, con el consiguiente control sobre formas esenciales de ejerci-