DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

IV. FENOMENOLOGIA. LA FALTA DE EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS
presunción de inocencia hasta que haya prueba en contra y al someti-
miento exclusivo del juez a la ley- la obligación de motivación de
todas las decisiones jurisdiccionales (art. 111, l." de la Constitución),
particularmente de las restrictivas de la libertad personal (art. 13,2.O),
y la recurribilidad en casación por violación de ley de las sentencias y
de toda decisión que afecte a la libertad personal (art. 11 1).
Se trata, como hemos visto en el capítulo 9, de un conjunto de
principios complementarios, consecuencia en parte de la estricta le-
galidad de delitos y penas, a través de los que se manifiesta el mono-
polio legal y judicial de la potestad punitiva. La primacía de la ley, ex-
plicitada en el principio de estricta legalidad penal, al exigir que sean
punibles todos y sólo los hechos legalmente previstos como delito,
implica la configuración de la jurisdicción como función tendencial-
mente cognoscitiva, en cuanto vinculada a la comprobación de aqué-
llos por medio de pruebas y contrapruebas, que sólo pueden garanti-
zar jueces ajenos a las partes e independientes de los demás poderes
del estado y, en primer lugar, del poder del gobierno.
2. El nuevo códiao " de brocedimiento benai v el sistema acusatorio.
Este modelo constitucional del proceso -que ha permanecido intacto
más de cuarenta años- ha encontrado traducción parcial en
el nuevo código de procedimiento penal, aprobado con el D.P.R.
n. 447, de 22.9.1988, y en vigor desde el 24.10.1989. Rompiendo una
tradición plurisecular, el nuevo código ha adoptado el sistema acusatorio,
no expresamente previsto por la Constitución, configurando el
nuevo proceso como una relación triple entre juez, acusación y defensa,
antitética no sólo con relación al proceso medieval, de tipo enteramente
«inquisitorial», sino también con relación al «mixto» del
viejo código Rocco, construido sobre la confusión, en la fase instructoria,
entre juez y acusación y sobre la recíproca relación investi-
" gador-investigado. .2
La principal innovación estructural introducida a tal fin es la separación
entre juez y acusación, mediante la eliminación de las viejas
figuras del juez instructor -reemplazado por un juez para las investigaciones
preliminares, ajeno, al menos en principio, a su desarrollo
posterior (art. 328)- y del juez de paz, a los que ahora se atribuye
sólo la función de juzgar. Al ministerio público, por otra parte, se le
han dejado, teóricamente, funciones no decisorias gracias a dos importantes
innovaciones: la exclusión de la instrucción sumaria y la supresión,
anticipada por la ley n. 330 de 5.8.1988, del poder de ordenar
la detención del imputado, que sólo podrá acordar por no más de
96 horas en caso de peligro de fuga y de indicios graves de culpabilidad
de delitos castigados con pena no inferior, en su mínimo, a dos
años y superior, en el máximo, a seis (art. 384).
El segundo orden de innovaciones fruto del nuevo código afecta a
las garantías procesales: algunas han resultado reforzadas y se han in-