DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

7. LA PENA. CUANDO Y COMO CASTIGAR
más como una tasa que como una pena. Por tanto, si queremos -por
coherencia con nuestro modelo de derecho penal mínimo, y en particular
con el principio de economía de las prohibiciones penales que
ilustraré en el próximo capítulo- que solamente sean previstas y
castigadas como delitos infracciones relativamente graves, ninguna
sanción pecuniaria puede ser considerada suficiente para sancionarlas
de manera adecuada. La consecuencia de esta desproporción es que la
pena pecuniaria está hoy justamente limitada a las infracciones más
leves. -. Pero esto constribuve de hecho a la inflación del derecho uenal:
basta pensar que en nuestro ordenamiento hasta hace algunos años
eran delitos (contravencionales) incluso las infracciones automovi-
Iísticas de la prohibición de estacionamiento. Es claro que esta inflación
no puede más que desacreditar al derecho penal en su conjunto,
disminuvendo su imvortancia v estimulando esa transformación de la
pena en tasa que tanto preocupaba a los escritores ilustrados. Añadiré
un cuarto efecto deplorable, que es la transformación del proceso
penal inducida por este tipo de castigos: la escasa relevancia de las infracciones
y la ligereza de las penas ha favorecido efectivamente el desarrollo
de formas de justicia sumaria, como el decreto penal, que a su
vez descalifican, por su carácter burocrático, el proceso penal y la función
judicial.
Frente a tan numerosos y diversos inconvenientes, la única reforma
posible de esta clase de pena es su abolición. Las posibilidades, en
realidad, son dos: o la pena pecuniaria se considera suficiente, y entonces
da lo mismo transformarla en una sanción administrativa y
despenalizar el delito para el que ha sido prevista; o bien se estima insuficiente,
y entonces deberá ser sustituida por otro tipo de pena,
más severa. La primera posibilidad es probablemente la más frecuente
y también la más inquietante. La justicia penal, con el carácter
inevitablemente deshonroso de sus intervenciones, no puede ser incomodada
y sobre todo no puede incomodar a los ciudadanos por hechos
de escaso relieve, como lo son la mayor parte de los actualmente
castigados con simples multas. Es bien cierto que estos hechos son
a veces castigados alternativamente bien con la pena pecuniaria o
bien con la privativa de libertad, acaso degradables a sanciones sustitutivas
de tipo administrativo; pero esto, como se ha ha hecho ver en
el apartado 30.3, es un factor inadmisible de incertidumbre, contrario
al principio de legalidad de las penas y fruto de una delegación en el
juez de opciones que competen al legislador. Es el legislador quien
debe decidir si el hecho uor él urohibido debe tener carácter administrativo
o penal, o quizá ambos caracteres, y establecer sobre esta
base la consiguiente sanción: una sanción pecuniaria más o menos elevada;
cuando se entienda que el hecho no lesiona bienes o derechos
fundamentales y, por consiguiente, puede ser calificado como ilícito
administrativo de competencia de la autoridad administrativa; una
pena restrictiva de la libertad personal, cuando por el contrario se le