DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

10. EL SUBSISTEMA PENAL ORDINARIO
n. 561, de 31.5.1946) y la clausura de sedes políticas sospechosas (art.
3 ley n. 533 de 8.8.1977).
Entre las segundas, están la pena de reclusión perpetua, cuando se
aplica automáticamente -como en el caso previsto en el art. 73 c.p.,
en el que «concurren varios delitos por cada uno de los cuales debe
imponerse pena de prisión no inferior a veinticuatro años., o en los
delitos de homicidio agravados por la ((finalidad terrorista», agravante
no compensable por atenuante alguna (art. 1.3 del d.1. n. 625 de
15.12.1979)-. En todo caso, y tal como se mostró en el apartado 30,
se trata de una pena contraria al principio de proporcionalidad, al de
igualdad penal entre personas de edad distinta y, ante todo, al de
humanidad de las penas, enunciado en el art. 27, 3." de la Constitu-
~ión~~. También se incluyen aquí todas las penas accesorias o interdictivas
previstas en los arts. 28 a 37. A diferencia de las principales
«que son impuestas por el juez en la sentencia de condena,,, «siguen,
por ley, a la condena, como efectos penales de la misma. (art. 20
c.p.); infringen, por tanto, no sólo el principio jurisdiccional de equidad,
según el cual toda pena debe ser valorada y determinada por el
juez con referencia a todas las connotaciones específicas del caso
concreto, sino también el de retribución, pues no son consecuencia del
delito sino, automáticamente, de la condena; por no aludir a su paradójico
contraste con la proclamada finalidad de reeducación y de
reinserción social de las penas, abiertamente contradicha por su
misma naturaleza, que consiste en prohibir la actividad laboral precedentemente
desarrollada por los condenados. Lo mismo puede decirse
de todos los efectos penales secundarios, también automáticos y
frecuentemente, en oposición al principio de regulatividad, constitutivos
de status personales penalmente relevantes: a) la constancia de la
condena en el certificado del registro judicial (arts. 685 a 690 c.p.p.);
6) los status de ((reincidente», de delincuente o infractor «habitual*,
*profesional» o «por tendencia* (arts. 99-109 c.p.), con la consiguiente
aplicabilidad de medidas de seguridad (arts. 215 y SS. c.p.) e
inaplicabilidad de amnistía e indulto (arts. 151.5 y 174.3 c.p.); c)
10s efectos de los *antecedentes judiciales* a fines de determinación de
la pena (art. 133, n. 2, c.p.); d) la imposibilidad de beneficiarse en el
futuro de la suspensión condicional de la pena (art. 164, números 2 y
4, C.P.), de la no mención de la condena en el certificado del registro
judicial (art. 175.1 y 2 c.p.) o del perdón judicial (art. 169.3 y 4
c.p.), así como la revocación de los dos primeros beneficios y de la liberación
condicional concedidos con anterioridad (arts. 168, 175.3 y
177 c.p.); e) la expulsión del extranjero condenado a determinadas
penas o por determinados delitos (arts. 235 y 312 c.p.); fl la punición
de ciertos delitos de sospecha (arts. 707 y 708 c.p.); g) la destitución,
por determinadas condenas, de empleados públicos (art. 85 D.P.R. n.
3 de 10.1.1957) y magistrados (art. 29 ley n. 511 de 31.5.1946); h) la
inhabilitación para el ejercicio de determinadas actividades y profe-