DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
Añadiré que la misma presentación, si se quiere que la leve restricción
de la libertad que comporta no sea desproporcionada al valor
de los bienes lesionados por el delito por el que se procede, se justifica
sólo en los procesos por los delitos más graves y a partir de exigencias
de la instrucción debidamente motivadas. Por otra parte, después
del interrogatorio, pueden darse dos situaciones: o se estima
que existen pruebas suficientes de culpabilidad y entonces no hay
razón para diferir el juicio y no llevar al imputado ante el juez, para
~roceder al enjuiciamiento en las formas simplificadas previstas hoy
para el juicio direttissimo o para el juicio inmediato; o, bien, no exis-
ten tales pruebas y entonces el imputado tendrá derecho a no ser se-
cuestrado durante el juicio y a defender en libertad su presunción de
inocencia.
Es inútil decir que, en nuestro país, la abolición de la prisión pre-
ventiva aquí propuesta estaría favorecida hoy por la reciente reforma
en sentido acusatorio de los demás aspectos del proceso penal.
Además, técnicamente sería tanto más fácil y plausible cuanto más se
acelerasen los tiempos del proceso: precisamente, cuanto más satisfe-
cha fuera la regla de Bentham conforme a la cual una pena puede ser
tanto menos severa cuanto más rápida e infalible sea su aplicación 77.
Hoy, como veremos en el apartado 47 a propósito de nuestro orde-
namiento, la infalibilidad y prontitud de la pena auspiciadas por
Beccaria y Bentham han sido sustituidas por la inmediatez y la infali-
bilidad de la prisión provisional 78. Y ésta a SU vez ha provocado la di-
latación de los procesos exactamente en la misma medida en que se ha
prolongado su duración máxima 79. Lo ideal sería, por el contrario,
que el interrogatorio del imputado y su eventual presentación ante el
juez coincidieran con el primer juicio; y que en todo caso se redujese
al mínimo -los días necesarios para la notificación- el intervalo
entre el envío a juicio y el juicio mismo. De ello se seguiría, con el
acortamiento de los términos procesales, un seguro incremento de la
eficacia judicial. Pero sobre todo resultaría reforzada la confianza en
la magistratura y restaurada la certeza del derecho. La supresión de la
cárcel sin proceso, al eliminar el miedo y rehabilitar las funciones cog-
noscitivas con respecto a las potestativas de la jurisdicción, resolvería,
en suma, mejor que cualquier otra reforma, la crisis de legitimación
del poder judicial y restituiría a los jueces su papel de garantes de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, actualmente desatendido.
No se me oculta que la propuesta que acaba de avanzarse puede
aparecer a corto plazo como una quimera. Pero ello depende no
tanto de razones lógico-jurídicas como sobre todo de la inercia de los
aparatos y de la resistencia que siempre oponen las culturas conser-
vadoras. La alarma social producida por la idea de que un delin-
cuente aún no juzgado no sea castigado de forma inmediata es un ar-
gumento del que se valen muchos defensores de la prisión provisional.
Puede ser que en ello haya algo de verdad: una parte de la opinión pú-