DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
una protesta contra la lesión de los valores de imparcialidad y certeza
del juez, producida por alteraciones post factum del régimen normal
de competencias, virtualmente relacionadas con el contenido del
juicio.
La garantía del «juez natural» indica esta normalidad, del régimen
de competencias, preconstituida por la ley al juicio, entendiendo
por competencia .la medida de la jurisdicción. de que cada juez es titular
220. Significa, precisamente, tres cosas distintas aunque relacionadas
entre sí: la necesidad de que el juez sea preconstituido por la ley
y no constituido post factum; la inderogabilidad y la indisponibilidad
de las competencias; la prohibición de jueces extraordinarios y espe-
~iales~~l. En el primer sentido, expresado por ejemplo por el art. 25 de
la Constitución italiana, el principio designa el derecho del ciudadano
a un proceso no prejuzgado por una elección del juez posterior al delito
y por eso ordenada a la obtención un determinado resultado. En
el segundo sentido, extraíble con alguna inexactitud del mismo art. 25
y del art. 102, l.", designa la reserva absoluta de ley y la no alterabilidad
discrecional de las competencias judiciales. En el tercer sentido,
expresado por el art. 102, l." de la Constitución pero derogado por
las jurisdicciones especiales previstas por el art. 103, así como por la
justicia política reservada por los arts. 90 y 134 a los delitos presidenciales,
es un principio de organización que postula la unidad de la
jurisdicción y su monopolio en manos de un único orden. Mientras la
preconstitución legal del juez y la inalterabilidad de las competencias
son garantías de imparcialidad, al estar dirigidas a impedir intervenciones
instrumentales de carácter individual o general sobre la formación
del juez, la prohibición de jueces especiales y extraordinarios
es, sobre todo, una garantía de igualdad, que satisface el derecho de
todos a tener los mismos jueces y los mismos procesos
La garantía del juez natural, en los tres sentidos que se acaba de
ilustrar, es, como la de independencia, una adquisición moderna. Ha
sido infructuoso el intento de situar su origen en la Magna Charta:
ésta, en los arts. 20,21, 39, 52 y 56, se limita a establecer para la condena
de cualquier ciudadano .el juicio legal de sus iguales.; donde la
condición de que los jurados sean «iguales» o también .hombres
probos del vecindario» indica solamente una cualidad de los jueces y
a lo sumo un criterio de competencia territorial, pero no tiene nada
que ver con la prohibición de la institución del juez post factum 222.
Esta prohibición se afirma sólo en el siglo XVII, al mismo tiempo que
las primeras manifestaciones de independencia y los conflictos entre
jueces y soberanos ya recordados. En polémica con los abusos de la
justicia comisarial, los puntos 3, 7, 8 y 9 de la Petition of Rights de
1628, y después el art. 3 del Bill of Rights de 1689, reivindican por
primera vez la inderogabilidad de la «justicia ordinaria,, y, con ella, la
nulidad de cualquier «comisión» o «comisario regio» instituidos post
factum, a causa de su carácter «ilegal y pernicioso» 223.