DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

11 EL SUBSISTEMA PENAL DE POLlClA
dagógica de la pena y del derecho penal que profesa (art. 27,3.")- ha
legitimado todo ello, al prever medidas de seguridad sometidas al
principio de mera, o lata, legalidad (art. 25,3.": «Nadie puede ser so-
metido a medidas de seguridad sino en los casos previstos por la
ley., reiterado por el art. 199 c.p.), de significación y alcance bien dis-
tintos a los del principio de estricta legalidad penal.
2. La naturaleza administrativa de las medidas de seguridad. La lesión
del principio retributivo. El carácter administrativo y no jurisdiccional
de las medidas de seguridad es púdicamente negado por la mayor parte
. - de la literatura ena alista sobre la base de cuatro circunstancias: su
disciplina jurídica en el código penal, su aplicación por parte del juez,
el hecho de que siguen (casi) siempre a la comisión de un delito y el
principio de legalidad que para ellas consagran los arts. 25 de la
Constitución y 199 c.p. 17. La primera de tales circunstancias es irrelevante;
la segunda, puramente extrínseca; la tercera queda sustancialmente
negada por los preceptos del código; y la cuarta no se refiere a la
garantía de estricta legalidad exigida en el derecho penal sino a la
mera o lata legalidad que preside el ejercicio de todo poder público.
En realidad las medidas de seguridad pertenecen al amplio y floreciente
abanico de las medidas administrativas de ~olicía. No sólo
declara explícitamente su naturaleza administrativa la rúbrica del título
VI11 del código penal («De las medidas administrativas de seguridad~),
sino que, sobre todo, reúnen las dos características propias de
las disposiciones administrativas: la discrecionalidad de su aplicación
(arts. 202, 203, 133 c.p.) y la modificabilidad o revocabilidad
(arts. 207 c.p., 679 c.p.p. y 69.4 de la reforma de 1975, modificados
por el art. 21 de la ley n. 663 de 10.10.1986). Finalmente, las medidas
de seguridad carecen de todos los reqiiisitos garantistas -retribución,
estricta legalidad y estricta jurisdiccionalidad- que, como
hemos dicho en al apartado 44.1, configuran el modelo normativo de
la pena en nuestro ordenamiento.
En primer lugar, no está vigente en materia de medidas de seguridad
el principio de retribución, esto es, el principio de que la sanción
penal ha de ser consecuencia del delito. En efecto, si es cierto que el
art. 202 c.p. establece, en su párrafo primero, que «las medidas de seguridad
sólo pueden ser impuestas a las personas socialmente peligrosas
que hayan cometido un hecho previsto en la ley como delito»,
es también verdad que el segundo párrafo del mismo artículo declara
que «la ley penal determina los casos en los que se pueden aplicar medidas
de seguridad a personas socialmente peligrosas por un hecho no
previsto en la ley como delito*. Son los casos del «delito imposible»,
esto es, no punible por 4nidoneidad de la acción o por inexistencia de
objeto. con la consiguiente imposibilidad de «resultado dañoso o
peligroso* (art. 49 C.P.); de .acuerdo» no realizado o de «proposición»
no aceptada, impunes el uno y la otra (art. 115 c.p.); de in-