DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA. LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
para así eximirse de obedecer las leyes que ellos mismos hacen; y como podrían también
tener tentaciones de hacer las leyes a su medida y de ejecutarlas para beneficio propio,
llegando así a crearse intereses distintos de los del resto de la comunidad y contrarios a
los fines de la sociedad y del gobierno, es práctica común en los Estados bien orgniza-
dos (donde el bien de todos es debidamente considerado) que el legislativo sea puesto en
manos de diversas personas, las cuales, en formal asamblea, tienen cada una, o en unión
con las otras, el poder de hacer leyes; y una vez que las leyes han sido hechas, la
asamblea vuelve a disolverse, y sus miembros son entonces simples súbditos, sujetos a
las leyes que ellos mismos han hecho; lo cual es nuevo y seguro modo de garantizar que
tengan cuidado de hacerlas con la mira puesta en el bien público».
208. Montesquieu, Del espíritu de las leyes, XI, 6, p. 151: uHay en cada Estado
tres clases de poderes ... Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la
misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el mo-
narca o el senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.
Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecu-
tivo*. Cf. también ibid., VI, 5-6, pp. 101-103. La tesis se reproduce por Diderot en la
voz Liberté civile, en Encyclopédie, cit., IX, p. 427: *No hay libertad en los estados en
los que el poder legislativo y el poder ejecutivo están en las mismas manos. Ni existe,
con mayor razón, en aquellos en los que el poder de juzgar está unido al legislativo y al
ejecutivo.. El esquema de Montesquieu fue retomado por 1. Kant, La metafísica de las
costumbres, cit., p. 142: «cada Estado contiene en sí tres poderes, es decir, la voluntad
universal unida en una triple persona (trias política): el poder soberano (la soberanía) en
la persona del legislador, el poder ejecutivo en la persona del gobernante (siguiendo la
ley) y el poder judicial (adjudicando lo suyo de cada uno según la ley) en la persona del
juez (potestas legislatoria, rectoria et iudiciaria)~.
209. Del espíritu de las leyes, cit., XI, 6, pp. 151-152.
210. C. Beccaria, o. c., 111, p. 30. En el mismo sentido, G. Romagnosi, Della cos-
tituzione, cit., 50, pp. 11-112: «Es de necesidad que el orden judicial sea dependiente de
la ley en sus funciones e independiente de las pasiones armadas del poder», de mo-
do que prevalezca únicamente aun sentimiento personal de verdad y de justicia.;
G. Carmignani, Teoria, cit., lib. N, pp. 6 y 40-46, que califica al juez como .tercera
fuerza.; F. Carrara, o. c., pp. 227 SS. y 805-806, pp. 273-274.
211. J. Bentham, Tratado sobre la organización judicial, cit., V, pp. 29-30,
donde la supresión de la pluralidad de fueros y tribunales especiales y el principio de la
«competencia universal» de cada tribunal ordinario se sostiene sobre la base de cúatro
argumentos: 1) la inutilidad de los innumerables tribunales especiales; 2) su paradójica
insuficiencia numérica respecto a los que se necesitarían para asegurar todo tipo de tri-
bunal especial en todas las regiones del país; 3) la incertidumbre de las competencias y
la imposibilidad para el ciudadano de orientarse en el .laberinto de la justicia. sin la
guía de un .experto»; 4) el debilitamiento de la publicidad por la imposibilidad para la
ooinión pública de Drestar atención a todas las diversas esoecies de tribunales. A estos
a&umen;os Bentham añade el de la desigualdad de tratamiento, de método judicial y de
iurisurudencia consecuentes a las innumerables «demarcaciones artificiales de la iusti-
, L
cia. que forman un reducto de «feudalismo». La primera actuación del modelo ben-
thamiano de la universalidad de las competencias -contra el que había escrito
Montesquieu, que en nombre del valor asociado al juicio por los pares defendió el fuero
especial de los nobles y el también especial de los ministros (o. c., XI, 6, p. 156)- fue
realizada por la Revolución francesa con la ley de 16-24.4.1790 sobre el ordenamien-
to judicial, con la de 27.11-1.12.1790 sobre el Tribunal de casación y con el capítulo V
del título 111 de la Constitución del 3.9.1791, que formalizó, como veremos en el epí-
grafe que sigue, la figura del juez ordinario como juez .natural*; y fue después conso-