DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

12. EL SUBSISTEMA PENAL DE EXCEPCION
además de contradictorio, teniendo en cuenta que la democracia y el
estado de derecho se defienden precisamente con el respeto a sus re-
glas. En todo caso, una vez abierto el camino de la emergencia como
necesario para la defensa del estado (respecto del terrorismo o de sí
mismo), se debía tener al menos el coraje y la honestidad de admitir
que tal respuesta al peligro subversivo era una respuesta fuera de la
ley, como lo son siempre las respuestas de guerra, para no corromper
con ella los principios garantistas del derecho penal, que es esencial-
mente un instrumento de paz.
En sentido contrario, la tesis dominante en el mundo político y en
la cultura jurídica ha sido que el estado de derecho y las garantías se
han respetado plenamente y que el derecho penal de excepción ha sido
perfectamente coherente con la Constitución. Esta actitud ha hecho
más difícil el retorno a la normalidad, al haber hecho perder la dife-
rencia misma entre normalidad y excepcionalidad. El sentido común
del derecho creado por las leyes de emergencia, y sobre todo por su
ambigua legitimación, ha resultado por ello alterado. Durante años
aquél ha sido que las leyes excepcionales eran al mismo tiempo nece-
sarias políticamente y legítimas constitucionalmente, que por ello las
garantías procesales de libertad y de verdad sirven para las épocas y
los procesos ordinarios y no para los extraordinarios, que en materia
de justicia el fin justifica los medios porque los medios no cuentan y
pueden cambiarse o sustituirse a placer 46. Este sentido común ha
permanecido, e incluso se ha consolidado, aunque la emergencia del
terrorismo ha desaparecido y ha sido sustituida por otras emergencias
criminales. Pues lo que se ha roto no es uno o más principios, sino el
valor mismo de los principios, que se han probado flexibles y, en
caso necesario, apartables: en una palabra, ya no *principios..
Este estropicio cultural es la verdadera ruptura producida por la
emergencia. Las nuevas medidas excepcionales se han enraizado en las
prácticas y difundido incluso en los procesos normales, generando po-
deres y centros de poder no dispuestos a normalizarse y, sobre todo,
una incultura policial informada preferentemente por los valores
pragmáticos de la seguridad y la eficacia. Y se han alimentado de una
regresión más general del sentido del derecho a la que en los años pa-
sados han contribuido casi todos los partidos, los grandes periódicos
y la mayor parte de los juristas. El nuevo código de procedimiento
penal no podía dejar de quedar marcado por ello. Ha tenido la des-
ventura de haber sido elaborado justo después de tres leyes excepcio-
nales: el decreto-ley sobre interrogatorio policial sin defensor, la ley de
arrepentidos y la de lecturas en fase de juicio de oral ocasionada por
el maxiproceso de Palermo. Que son, precisamente, los tres gravosos
retazos heredados de la emergencia y que el código ha elevado de
excepción a regla. .¡Ay del código penal -advertía Francesco Ca-
rrara- forjado sobre el tipo de las leyes ocasionales, pues todo prin-
cipio de justicia será conculcado por él! Pero al mismo tiempo es