DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

10. EL SUBSISTEMA PENAL ORDINARIO
petua o las penas temporales de prisión para los delitos y el arresto
para la contravenciones) y ab) penas pecuniarias o privativas de una
cantidad de dinero (multa para los delitos y multa más leve para las
faltas); b) penas accesorias (arts. 28-37) o privativas de la capacidad
de actuar del condenado, previstas también como permanentes
o como temporales (interdicción de funciones públicas, interdicción o
suspensión de profesión u oficio, interdicción legal, interdicción
o suspensión de cargos directivos de personas jurídicas o empresas, incapacitación
para contratar con la administración pública, supresión
o suspensión de la patria potestad y publicación de la sentencia penal
condenatoria).
El tercer principio, complementario del de legalidad y, como éste,
expresión del monopolio estatal de la fuerza, es el de estricta jurisdiccionalidad
de las penas, que exige que tanto su naturaleza como
su medida sean determinadas e impuestas por el juez, en la forma y
con las garantías propias del juicio penal (nulla poena sine iudicio).
A este principio, sancionado en los arts. 25, 27, 101 y 102 de la
Constitución, se vinculan todas las garantías procesales que se examinarán
en el próximo apartado: la independencia del juez y su separación
del órgano acusador, la presunción de inocencia del imputado
hasta tanto la condena no sea firme, la carga de la prueba a la
acusación, la legalidad y publicidad del procedimiento de práctica de
las pruebas y de comprobación de la responsabilidad penal, el juicio
contradictorio y el derecho del imputado a la defensa en cualquier estado
y fase del juicio. Es, por otra parte, evidente -en razón de lo
dicho en el capítulo 3- que si la comprobación del delito es, al
menos en el plano de los principios, una actividad cognoscitiva, en la
que el juez ejercita un poder de verificación -que, en defecto de garantías
penales, degenera en poder de disposición-, la determinación
concreta de la medida de la pena dentro del marco legal es siempre el
resulrado de un juicio de equidad, que consiste en la comprensión de
la .gravedad del delito* deduciéndola de sus características específicas
(art. 133 c.p.) y que comporta, por ello, un poder inevitablemente
~discrecionalfi (art. 132) de connotación, valoración, o discernimiento
del hecho descrito en la ley como punible.
2. Medidas extra delictum y extra iudicium restrictivas de libertad.
Los tratamientos diferenciados en la reforma penitenciaria. Del mismo
modo que los principios garantistas relativos al delito, las tres garan-
tías relativas a la pena configuran un modelo normativo de inter-
vención penal que, en buena medida, es sólo ideal, en cuanto que lo
contradicen, desde innumerables puntos de vista, la praxis judicial y
administrativa y, aún antes, la ley ordinaria.
Hay que recordar, ante todo, la deformación del sistema penal de
signo clásico-liberal producida por el exuberante desarrollo, desde
fines del siglo pasado a nuestros días, de las «dobles» o qtriples