DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

III. TEORIA LAS RAZONES DEL DERECHO PENAL
ningún interés social, el fin del proceso incumplido, dudas sobre la culpabilidad o
inocencia del reo, los ciudadanos expuestos a continuos peligros y vejaciones y la
mayor parte de los delincuentes, impunes*.
105. Éste fue adoptado en Holanda y en Bélgica desde 1808; en España, donde
fue importado por la dominación francesa y después confirmado por el código de
1882; en Portugal, donde se reprodujo en el código de 1832; en Prusia, con la ley
17.7.1846: en Luxemburgo, Serbia, Rusia, Grecia, Rumania, Egipto, México y Japón.
De corte preferentemente inquisitivo fueron los códigos de Austria (1803), Prusia
(1805) y Baviera (1813). Pero Austria, gracias a la obra de M. Glaser, se dio el
23.5.1873 un código de procedimiento de carácter acusatorio y de gran refinamiento
técnico, que mereció los elogios de Carrara (o. c., 851, p. 308, nota, p 910, p. 389) del
que se hizo una traducción italiana promovida y anotada por él (en apéndice a C. A.
Weiske, Manuale di procedura pemle, trad. ir. de los abogados Zei y Benelli, Cammelli,
Florencia, 1874, pp. 265-448). Otro tanto hizo Aleniania con el código de 1.2.1 877,
donde no obstante el tnodelo acusatorio está mucho más contaminado por elementos
inquisitivos.
106. El proyecto de código Romagnosi, presentado el 2.8.1807 por el ministro
Giuseppe Luosi al virrey Eugenio Beauharnais y aprobado por éste el 8 de septiembre
del mismo año, está hoy reeditado en Le fonti del codice di procedura penale del
regno italico, a cargo de E. Dezza, Giuffrk, Milán, 1985, pp. 165 SS.
107. Como se verá en la cuarta parte, la primera innovación se produjo por el
pronunciamiento de la Corte constitucional y por las minirreformas legislativas de los
años 1969 al 1972, que extendieron a la fase instructoria muchas de las garantías de de-
fensa; la segunda se debe, sin embargo, a la legislación de eniergencia del último decenio,
que ha ampliado enormemente los poderes de privación de libertad y la discrecionalidad
de los órganos instructores en la actividad de adquisición de las pruebas (piénsese, en
particular, en las normas premiales en favor de los imputados, acusador, inquisidor o ministerio fiscal, se
confunden, como se ha visto, con los del rito inquisitivo: así, en Roma, la acusación pública
se ejerció en la época imperial por el praefectus urbis y por el praefectus praetorii
y en la provincia por el praesides y por los p~oconsules asistidos por la variada servidumbre
de los irenarchae, curiosi, legatr, frunzenturii, nunciatores, stationarri; eri l~
Edad Media, en cambio, encontramos los missi dominici de Carlomagno v, después, los
auogadori del con~un vénetos, los a~~uocari reali de Nápoles, los procuratores fiscales o
advorati fisci del Piamonte, las gens du roi en Francia, los procuratores regi y sus sitbstituti
también en Francia, y en las demás monarquías absolutas (de aquí la moderna no-