DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

14. EL PUNTO DE VISTA EXTERNO
expresión, que encuentra los límites de los delitos de injuria, difama-
ción y calumnia) por el principio de materialidad de la acción; o en la
inmunidad del detenido frente a torturas o malos tratos, que el prin-
cipio de dignidad de la persona y el de humanidad de las penas ga-
rantizan de manera incondicionada. Más difícil resulta hallar el equi-
librio en materia de derechos sociales, aunque sólo sea porque las
correspondientes técnicas de garantía son más difíciles y están bas-
tante menos elaboradas. Nuestra Constitución ofrece bien pocas in-
dicaciones al respecto. Y todavía más pobres, por no decir inexisten-
tes, son las aportaciones de la teoría general del derecho y de las
disciplinas iuspublicistas.
El otro problema, el de la naturaleza de las garantías, es obvia-
mente el más importante. Las tesis formuladas en este libro acerca de
las garantías penales y procesales de los derechos de libertad sólo en
parte son extensibles a los derechos sociales. Sin embargo, hay dos
principios que, con las adaptaciones necesarias según los diversos de-
rechos, me parecen dotados de un alcance garantista de carácter ge-
neral. En primer lugar, el principio de legalidad: para que las presta-
ciones que satisfacen los derechos sociales sean impuestas como
obligaciones a los poderes públicos y no abandonadas al arbitrio ad-
ministrativo, es necesario que las leyes prevean unívocamente sus pre-
supuestos vinculantes e identifiquen con claridad sus órganos y pro-
cedimientos. Para algunos derechos sociales, como el derecho a la
subsistencia, la cosa es relativamente simple, pues basta la previsión
legal de subsidios o salarios mínimos para todas las personas que no
cuenten con los mínimos vitales y la atribución a las mismas de un de-
recho de crédito correlativo. Menos simples, pero igualmente practi-
cables, son las garantías legales de los derechos a la educación y a la
salud. En cambio, para otros derechos, como el derecho al trabajo o a
la vivienda, es mucho más difícil una legislación social, aunque sólo sea
por el carácter irrealizable de su satisfacción igual, ni siquiera mínima.
El segundo principio garantista de carácter general es el de juris-
diccionalidad: para que las lesiones de los derechos fundamentales,
tanto liberales como sociales, sean sancionadas y eliminadas, es nece-
sario que tales derechos sean todos justiciables, es decir, accionables en
juicio frente a los sujetos responsables de su violación, sea por comi-
sión o por omisión. Semejante garantía, establecida en vía de principio
por el art. 24 de nuestra Constitución, debería tener como campo
privilegiado no el derecho penal -donde podría introducirse, como se
dijo en su momento, la acción popular subsidiaria y la de oficio para
todos los delitos cometidos por funcionarios públicos-, sino el dere-
cho privado y el derecho administrativo. Y exigiría una reforma de los
modelos tradicionales de legalidad civil y administrativa idónea para
transformar en derechos perfectos aquellos que actualmente son sólo
concesiones, expectativas, intereses legítimos. A tal fin sería necesario
que las leyes en materia de servicios públicos no sólo establecieran