DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

11. EL SUBSISTEMA PENAL DE POLlClA
go), .la documentación y utilización* de los «datos e indicaciones»
obtenidos del sospechoso en el curso de los interrogatorios policiales
realizados sin defensor. Pero nada impide que estos *datos e indicaciones~
sean puestos de manifiesto informalmente al ministerio público
ni que éste los utilice, incluso con el fin de lograr un acuerdo, en
el curso del interrogatorio, también sin defensor, al que éste puede
posteriormente someter al sospechoso (art. 364). Como nada impide
que el sospechoso, en el secreto de las dependencias policiales, sea persuadido,
incluso cara a un ulterior acuerdo, a transformar lo admitido
informalmente en la .declaración espontánea* prevista por el art.
350.7, cuya documentación sí es posible en base al art. 357, b), como
lo es, a tenor del art. 503.3, su utilización por parte del ministerio fiscal
a los fines de su alegato de oposición. Obviamente, los documentos
policiales, puestos todos ellos a disposición del ministerio público
(art. 357.4), no son «pruebas. y no se puede argumentar con ellos en
la motivación, pero eso no quita que su utilización en el juicio «pueda
ser valorada por el juez para establecer la credibilidad de la persona
examinada. (art. 500.3). En un sistema basado en la libre convicción
queda, pues, en evidencia el carácter poco más que formal de su exclusión
del juicio.
51. Las medidas de orden público
1. El orden público. «La autoridad de seguridad pública vela por el
mantenimiento del orden público, por la seguridad e incolumidad de
los ciudadanos, y por la la tutela de la propiedad; cuida de la obser-
vancia de las leyes y reglamentos generales y especiales del estado, de
la provincia y del municipio, así como de las órdenes de la autoridad;
presta socorro en el caso de infortunios públicos y privados.. Con
estas palabras se abre el Texto Unico de las leyes de seguridad públi-
ca aprobado por el R.D. n. 773 de 18.6.1931, que contiene, aún
hoy, la mayor parte de las medidas de orden público o de seguridad
pública, un conjunto heterogéneo de medidas atípicas -entre las que
se incluían las «medidas preventivas» ahora reguladas en la ley sobre
.personas peligrosas» de 1956 y en sus sucesivas modificaciones e in-
tegraciones- totalmente confiadas a la discrecionalidad de las auto-
ridades administrativas y policiales. A pesar de tratarse de medidas
que inciden sobre derechos y libertades de rango constitucional, aquí
no están vigentes los principios de estricta legalidad y jurisdiccionali-
dad, ni el conjunto de garantías que comportan.
Estas medidas, al contrario de lo que ocurre con las cautelares, en-
comendadas a la policía judial y subsidiarias con respecto a la juris-
dicción, están reservadas a la competencia funcional de la policía de
seguridad pública y son, en todo, ajenas a la actividad judicial.
Hablando con rigor, no pertenecen a la materia penal. Sin embargo,