DERECHO Y RAZÓN TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. LUIGI ...

l. EPISTEMOLOGIA. LA RAZON EN EL DERECHO PENAL
468.2). Y piénsese, por otro lado, en las reglas jurídicas expresamente
epistemológicas: como las normas sobre las formas de las investigaciones
sumariales, sobre la interpretación de la ley penal y sobre la
prohibición de analogía, la presunción de inocencia hasta prueba en
contrario, la carga de la prueba atribuida a la acusación, el principio
in dubio pro reo y la presunción legal de verdad de las tesis contenidas
en las sentencias firmes. A causa de estas reglas, la relación ya mencionada
entre verdad y validez, sobre la que volveré ampliamente en el
apartado 37, resulta complicada: no es sólo la verdad la que condiciona
la validez, sino que también es la validez la que condiciona la
verdad en el proceso. Esta es, en efecto, por así decirlo, una verdad
normativa: en el triple sentido de que una vez comprobada definitivamente
tiene valor normativo, de que está convalidada por normas
y de que lo es sólo si es buscada y conseguida con el respeto a las
normas.
Muchas de estas normas sobre la (formación de la) verdad se dirigen
a garantizar, contra los abusos y las prevaricaciones de parte, el
correcto desarrollo de las investigaciones y del contradictorio entre
acusación y defensa. Otras, como la del favor rei en caso de duda, tienen
la función de colmar los márgenes de incertidumbre en todo
caso intrínsecos a la verdad procesal. Otras, todavía, tienen el fin de
vincular el juicio exclusiva y exhaustivamente al thema decidendum,
prohibiendo al juez salir de las investigaciones sobre el «hecho. exactamente
enunciado en la imputación (arts. 65 y 521.2 del código
procesal penal) y prescribiendo a la acusación pública «desarrollar
otras com~robaciones sobre los hechos v circunstancias a favor de la
persona sometida a las investigaciones» (art. 358). Otras, en fin, sirven
para prevenir o reducir la excesiva subjetividad del juicio o de sus
fuentes de prueba: como las normas sobre la abstención o la recusación
del juez (arts. 36 y 37 del código procesal penal), sobre la incompatibilidad
con la función de testigo (art. 197), contra el soborno
y el falso peritaje o testimonio (arts. 377, 372 y 373 del código
penal), sobre la prohibición a los testigos de expresar valoraciones
«sobre la moralidad del imputado. o «apreciaciones personales» y
sobre la obligación del juez de «evaluar su credibilidad), atendiendo a
sus «relaciones de parentesco o de interés» con las partes y a otras
«circunstancias), (art. 194 del código procesal penal). Todas estas
reglas, a diferencia de lo que ocurre en las investigaciones científicas o
históricas, son indispensables en el procedimiento judicial: sea porque
el iuez tiene el deber de decidir también en caso de incertidumbre. sea
sobre todo porque en la ciencia las comprobaciones infundadas, arbitrarias
o no pertinentes suelen ser inocuas, al ser descartadas sin necesidad
de estatutos metodológicos constrictivos, mientras que en la
jurisdicción han de impedirse preventivamente. Es innegable, sin embargo,
que en general las normas jurídicas en materia de verdad y de
pruebas sustituyen los criterios propios de la libre investigación por