Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Por eso, colocar a los tribunales en posición de que otra autoridad
pueda declarar la decadencia mental de los miembros de la Corte Suprema,
lo considera sumamente peligroso, ya sea esa otra autoridad, el Presidente
de la República o el Parlamento. Porque no hay que olvidar que la mayoría
de los cuerpos legisladores y autoridades colegisladoras, como el Ejecutivo,
la Cámara y el Senado, son instituciones políticas y actúan con criterio
político. Entonces, sencillamente, el día de mañana puede alguien decir que
fulano está demente, y acompañar su afirmación con una serie de testigos,
en circunstancias de que no lo está. Todos saben muy bien cómo se puede
arreglar un expediente.
Por eso, reitera, considera muy peligroso el sistema, máxime cuando
se trata de una situación totalmente excepcional, que se ha producido una
vez en ochenta años. En tales casos, la Corte Suprema normalmente toma
un acuerdo, llama al ministro, le comunica que no está en condiciones de
seguir trabajando y le pide que haga el favor de retirarse. En el caso a que
se ha referido —no quiere, señala, nombrar personas, porque hubo una
situación especial— no se procedió en tal forma. Pero habitualmente, la
Corte Suprema actúa del modo descrito. Naturalmente, debe presuponerse
un mínimo de dignidad a un juez integrante de ese alto tribunal, y que
seguramente pensará que no podrá continuar formando parte de él si sus
propios colegas le están diciendo que no está en condiciones de hacerlo.
En todo caso, insiste, entregar atribuciones en esta materia a otra
autoridad es muy peligroso para la inamovilidad judicial.
El señor ORTUZAR (Presidente) propone a la Comisión mantener la
disposición en la forma propuesta por la Subcomisión y aprobar el inciso
segundo en los términos referidos en el artículo 85.
—Así se acuerda.
El inciso tercero, continúa, no tiene modificaciones, y dice: “Los
Jueces, sean temporales o perpetuos, sólo podrán ser depuestos de sus
destinos por causa legalmente sentenciada”.
En seguida viene el inciso tercero, que dice: “La Corte Suprema, por
requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte
interesada, o de oficio, podrá declarar que los Jueces no han tenido buen
comportamiento; y, previo informe del inculpado, acordar su remoción, por
la mayoría del total de sus componentes”. Advierte que aquí hay algunas
pequeñas enmiendas, que señala:
En primer lugar, se suprime la frase inicial del texto vigente, que
dice: “En todo caso”, y que a su juicio habría que mantener, pues, como
han dicho que “sólo podrán ser depuestos de sus destinos por causa
legalmente sentenciada”, es necesario agregar: “En todo caso, la Corte
Suprema por requerimiento del Presidente de la República”, etcétera.
En segundo lugar, el precepto actual exigía “previo informe del