Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

media toda la historia política chilena, todo el apasionamiento político
chileno y toda la forma en que se lleva la vida política chilena, que aunque
se despoje de sus defectos, no se le va a privar de lo que son características
propias de nuestro pueblo, formadas en más de un siglo de
tradición política. Cree, basado en esa experiencia, que produce menos
efectos contraproducentes y protege igual la supremacía constitucional un
recurso de inaplicabilidad y no uno de inconstitucionalidad, porque el
particular afectado —cuando hay inconstitucionalidad de fondo— tiene la
manera de “sacarse de encima” esta disposición legal contraria a la
Constitución y de que se le aplique directamente el precepto constitucional
a través del recurso de inaplicabilidad —y le parece bien que sea así—
porque no parece formalmente con el efecto general ni aparece la Corte
Suprema por encima de los otros Poderes; aparece nada más que en lo
que le corresponde al tribunal de justicia como tal, analizando el problema
entre personas determinadas; un problema contingente que tiene efectos
patrimoniales o de libertad, es decir, efectos temporales con respecto a esa
persona, en que aparece el tribunal diciendo que esa disposición no se le
aplica, porque lo impide la norma constitucional. Estima que son muy
distintos los efectos políticos —para esa persona es lo mismo, es igual— de
un fallo de la Corte Suprema, y se quiere imaginar miembro de una
mayoría parlamentaria que, a su vez, tiene el Ejecutivo en su mano, en
una ley de importancia —no de una de desahucio de las empleadas
domésticas— que contraríe toda la línea económica de un gobierno, en que
la Corte Suprema diga que tal legislación —que el Gobierno pudo haberse
demorado meses en imponer; que fue debatida por el Congreso; que el
problema constitucional vino a la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia del Senado; que pasó por la Comisión de Justicia de la Cámara de
Diputados; que se debatió la constitucionalidad y fue aprobada por el
Congreso— es inconstitucional y queda derogada. Desearía ver —añade—
cómo reaccionaría ese Congreso: habrá hombres prudentes, que traerán
moderación, pero habrá otros, incluso de Oposición, que llevarán aguas al
molino, y este equilibrio que ha costado mucho conseguir y que es uno de
los pilares de nuestra institucionalidad, el prestigio de los tribunales y la
forma cómo ellos son respetados, van a caer en la arena política, lo cual va
a ser absolutamente contraproducente. No acepta que se les venga a decir
—a él por lo menos— que la Constitución debe ser entendida por la gente,
pues no importa que ella no sea entendida, sino lo que debe hacer es
operar y tiene que ser entendida por las personas que la operan.
Considera que la Constitución no tiene —aunque el señor Silva
Bascuñán lo ha sostenido muchas veces— sólo un valor didáctico, sino que
tiene un valor didáctico en lo que sea posible, pero no puede pedirse al
público que distinga entre los efectos de la inaplicabilidad y los efectos de
la inconstitucionalidad, como no le puede pedir que entienda los efectos de
la Constitución y la obligación de la autoridad de actuar de buena fe, como
la Comisión lo ha dicho. De manera que es distinta la supremacía
constitucional establecida para las personas por medio de la inaplicabilidad,
que la supremacía de la Corte Suprema sobre los demás Poderes del
Estado en materia de política contingente debatida. Pregunta. ¿Qué
sucedería o qué podría suceder frente a un problema de importancia —no
del desahucio de las empleadas domésticas—, en que la Corte Suprema