Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Anticipando un poco opiniones, encuentra tanto fundamento a la
doctrina de la señorita Madariaga que incluso le merece dudas —
prescindiendo, por cierto, del actual Contralor y del personal que ahora está
en esa entidad— hasta dónde podría tener esta facultad la Contraloría
General de la República, porque, si es un organismo autónomo e
independiente, donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.
Cierto es que la única diferencia que habría es la de la especialización,
pero ya es de otro orden, y quien fuera partidario de los tribunales
administrativos podría decir que es algo que puede salvarse integrando los
tribunales o las salas con especialistas, pidiendo informes previos a la
Contraloría General de la República, etcétera.
Por lo tanto, la razón fundamental es la primera, pues no es razonable
realmente que otro organismo pueda dejar sin efecto un acto
proveniente de un Poder del Estado, que fue lo que llevó a la Comisión, en
definitiva, a no admitir el recurso de inaplicabilidad con las características
con que en un principio pensaba consagrarlo, es decir, facultando a la Corte
Suprema para declarar sin efecto en el futuro, por la vía de este recurso,
en forma amplia y general, una ley dictada por el Poder Legislativo.
El señor BERTELSEN señala que, efectivamente, el tema de lo
contencioso-administrativo y sus diferentes facetas —una de las cuales es
precisamente el llamado por los administrativistas “recurso de nulidad”— se
relaciona íntimamente con las facultades que en Chile ejerce la Contraloría
General de la República por intermedio de la toma de razón, que se efectúa
por razones de legitimidad o ilegitimidad, según se acepte o se rechace.
Ahora bien, en esta materia también hay que tener en cuenta lo que
ocurre con el legislador, ya que en este caso la Corte Suprema está
facultada desde 1925 para declarar inaplicable un precepto legal en la
situación concreta que se está discutiendo en los tribunales por estimarlo
contrario a la Constitución, si bien no produce el efecto, como es sabido, de
anularlo. Quizás habría que pensar en la posibilidad de facultar a la Corte
Suprema —y no hace una afirmación tajante en este momento, pero cree
que habría que meditarlo más—, si se rechaza, por las razones que ha
expuesto la señorita Ministra de Justicia el recurso de nulidad para los
tribunales administrativos especiales que se creen o para los del Poder
Judicial a los que se dé jurisdicción en esta materia, para declarar
inaplicable en un caso concreto un reglamento por estimarse que es
inconstitucional o, quizás, ilegal.
La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) informa que la
Contraloría General de la República, por la vía de la interpretación jurídica,
ha consagrado esa tesis en forma reiterada y la ha aplicado en el hecho.
Precisamente, en el Comité de Trabajo y Previsión Social del
organismo contralor se estableció el principio, con la venia del señor
Contralor aquí presente, en un caso en que existía un reglamento que
excedía la ley —el de los Despidos Colectivos— y que había sido cursado
muchos años atrás, allá por 1945.