Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

y si dicho control comprendería también la posible potestad anulatoria y
la potestad sancionatoria.
Finalmente, agrega, tendrán que analizar su relación con los
tribunales contencioso-administrativos.
En lo que respecta a la toma de razón y al régimen de insistencia,
cree que necesariamente deberán otorgar jerarquía constitucional a esta
materia, precisamente por la necesidad de evitar que, por intermedio del
régimen de insistencia, pueda el día de mañana volver a suceder lo que
ocurrió en el sentido de que a través de los decretos supremos se
pretendiera legislar sobre materias propias de la ley. En consecuencia, le
parece que necesariamente deberán establecer en la Constitución, sea en
los términos bastante razonables en que lo propuso el señor Contralor, o
en otros similares las limitaciones a la facultad de insistir que tiene el
Presidente de la República. No puede el Jefe de Estado legislar por la vía
de la insistencia, Por lo tanto, el Contralor tendrá la facultad de
representar y el Presidente de la República no podrá insistir, en el caso de
decretos que, de una manera u otra, infrinjan la Constitución, o
signifiquen legislar o modificar la legislación vigente.
En cuanto a la posible potestad anulatoria de la Contraloría, piensa
que si hoy no la tiene, no es partidario de que la tenga, y que si alguna
potestad anulatoria va a tener que considerar, le parece que deberán
otorgarla a los tribunales contencioso-administrativos, en forma limitada,
sin comprender, naturalmente, los actos de Gobierno propiamente tales.
Opina que no deben descartarla en los términos tan absolutos como lo
propuso ayer la señorita Ministro de Justicia. Cree que hay ciertos actos
administrativos que podrían ser objeto del recurso de anulación. Pero se
trata de un problema que deberán abordar en la ley que considere los
tribunales contencioso-administrativos, y que no tendrá jerarquía
constitucional. Y ésta es precisamente una de las materias que
fundamentalmente les preocupó ayer. Por eso señaló que muchas de
estas materias tan complejas las abordarán, más que en la preceptiva
constitucional, cuando estudien la ley respectiva.
En lo concerniente a la potestad sancionatoria y de imperio, cree
que a lo sumo se considerará en términos muy generales y de principio en
la preceptiva constitucional, y tendrá que ser la ley la que determine
hasta dónde llega esta facultad, hasta dónde llega el imperio y qué
recursos podrán ejercerse.
Finalmente, en lo relacionado con los tribunales contenciosoadministrativos,
¿qué podrá decir la preceptiva constitucional? Que las
atribuciones que se otorguen a la Contraloría serán sin perjuicio de la
función que corresponda a los tribunales de justicia, especialmente en lo
referente a lo contencioso-administrativo. Tampoco cree que deban
resolver al respecto ningún problema de fondo.
El señor CARMONA expresa que siguiendo el hilo de lo planteado