Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

inmediato a su elaboración; pero como no se ven enfrentados a un plazo
perentorio, ni demasiado breve, cree que pueden seguir el otro camino,
que, desde un punto de vista intelectual, le satisface mucho más.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que de lo que no cabe duda
alguna es de que, en todo caso, y aunque no exista un plazo determinado,
el Gobierno desea un acta constitucional sobre la Contraloría General de la
República. Por lo demás, es sólo la reiteración de lo que el Presidente de la
República ha manifestado en sus últimos discursos, como lo comentaba
hace un momento con el señor Carmona, en el sentido de que su deseo es
que todas las materias comprendidas en la Carta Fundamental sean, en
definitiva, objeto de actas constitucionales, a fin de que, después, el
conjunto de ellas, con las enmiendas que la experiencia derivada de su
aplicación haya proporcionado, pueda conformar la nueva Constitución
Política del país.
Por otra parte, agrega, es cierto lo señalado por el señor Guzmán en
el sentido de que, en otras oportunidades, la Comisión se ha abocado ya sea
previamente al texto del anteproyecto de Constitución Política definitiva ya
sea considerando conjuntamente lo que puede ser la normativa en la
Constitución y lo que debe ser la normativa del anteproyecto.
En una oportunidad —no sabe si el hecho es recordado por el señor
Guzmán—, se fue haciendo la distinción entre lo que debía ser materia del
anteproyecto de Constitución Política definitiva, y lo que debía serlo del acta
constitucional.
El señor GUZMAN anota que ese procedimiento se usó por una
exigencia del plazo muy perentoria y urgente.
El señor ORTUZAR (Presidente) concuerda en que es efectivo que en
esa ocasión estaban abocados en realidad a un plazo urgente. De manera
que no ve inconveniente para seguir ese procedimiento.
El señor CARMONA reitera que ve el obstáculo que ya anotaba en
sesiones anteriores: el acta constitucional va a reflejar una situación de
hecho existente hoy día respecto de la Contraloría General de la República.
Habla “de hecho” por la circunstancia de la no existencia de un órgano
legislativo fiscalizador político, el cual todavía no se ha, definido por parte
de la Comisión. A su juicio, al fijar la competencia de la Contraloría, van a
echar de menos un órgano fiscalizador político de suma trascendencia.
Porque todo lo no referente a la fiscalización política va a caer dentro del
ámbito de la Contraloría, excluido lo contencioso-administrativo, lo cual
tendrá que ser precisado.
Enseguida, agrega, está la situación de los decretos de insistencia.
Existía un proceso regulador de ellos, conforme al cual la Contraloría tenía
la obligación de enviar los antecedentes al Congreso Nacional, y
especialmente a la Cámara fiscalizadora, para que ésta tomara nota del
asunto y resolviera lo que correspondía, dentro del ejercicio de las
facultades fiscalizadoras del Parlamento.