Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

la facultad de insistir, sería muy grave, porque en el hecho significaría dar a
la Contraloría un poder que podría estar por encima del poder del Presidente
frente a una discrepancia de tipo jurídico,
A su juicio, el diferendo o la discrepancia siempre, necesariamente,
tendrá que ser de tipo jurídico, aunque, en el fondo, las razones que hayan
movido al Presidente de la República a dictar el decreto puedan haber sido
de orden político. Pero, como lo señalaba el señor Guzmán —con mucha
razón en su concepto— la discrepancia siempre tiene que ser de carácter
jurídico, porque no puede haber conflicto de índole política entre el Jefe del
Estado y el Contralor. Ahora, si la Contraloría observa el decreto por
razones de inconstitucionalidad, estima que ello debe ir siempre al Tribunal
Constitucional.
Agrega que el único caso que podría quedar fuera de este esquema
es el de que el Presidente de la República, reconociendo que su decreto, no
sólo es ilegal, sino inconstitucional, y habiéndolo declarado así incluso el
Tribunal Constitucional, juzga que, de todas maneras, él es indispensable,
por razones superiores, y entonces tendría el camino, como decía la señora
Bulnes, de decretar la correspondiente situación de emergencia, que le da
más atribuciones; y, por último, si dentro de la situación de emergencia
contemplada por la Constitución no tiene atribuciones para resolver esta
necesidad suprema, le queda el camino de pedir rápidamente la reforma de
la Carta Fundamental o violar la Constitución y exponerse a la acusación
política. Allá se verá si el Parlamento estima que las razones han sido de tal
manera, patrióticas y superiores que, a pesar de haber infringido la
Constitución, lo exime de toda responsabilidad.
El señor GUZMAN expresa que el debate ha sido bastante esclarecedor,
aunque parece arrojar una diferencia entre el pensamiento de la
Comisión, tal como se ha manifestado hasta ahora, y el del profesor
Guzmán Dinator,
Piensa que la intervención del señor Ortúzar ha precisado muy bien
un aspecto: que el conflicto es siempre de orden jurídico. Agrega que
señalaba hace un momento que este conflicto podría derivar de una
diferente interpretación jurídica entre el Presidente de la República y el
Contralor, o emanar, no de una distinta interpretación jurídica, sino del,
hecho de que el Primer Mandatario tuviera conciencia de estar infringiendo
las disposiciones legales, pero entendiera esta infracción como necesaria por
razones de bien común, que es el caso en el cual el profesor Guzmán
Dinator reitera que el decreto de insistencia sería procedente. Pero, como
muy bien ha manifestado el señor Presidente, el conflicto, en definitiva, es
jurídico. Si el Presidente de la República, fundado en razones de bien
común, dicta un decreto ilegal, o inconstitucional, o que se sale del marco
de su competencia, y el Contralor se lo representa, el conflicto que se ha
creado es jurídico.
Las motivaciones de éste pueden ser dos: o una interpretación jurídica
distinta o una apreciación de bien común que ha hecho el Presidente
de la República por encima de la ley.