Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

afectados por una ley inconstitucional. De manera que, compartiendo la
inquietud planteada por el señor Díez, en el sentido de que debe haber
alguna instancia para resolver la situación de posibles leyes
inconstitucionales que atenten contra la generación, naturaleza y funciones
del Poder Judicial, considera que no se puede pretender englobarlo dentro
del recurso de inaplicabilidad.
El señor DIEZ manifiesta que tiene razón el señor Guzmán.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) precisa que
respecto de la idea de facultar al Fiscal de la Corte Suprema, debe irse más
lejos, en el sentido de imponerle la obligación, ya que no se puede dejar al
criterio de una sola persona, de representar la inconstitucionalidad cuando
se produzca.
La señora ROMO propone dejar establecido expresamente en el Acta
que cuando se trate el recurso de inconstitucionalidad se tomará en cuenta
las observaciones del Ejecutivo sobre este punto, el referido al Poder
Judicial.
El señor ORTUZAR (Presidente) sugiere la siguiente redacción, que
podrá pulir la Mesa: “La Corte Suprema, en las materias de que conozca y
que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se
siga ante otro Tribunal, podrá declarar inaplicable para ese caso cualquier
precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en
cualquier etapa de la gestión pudiendo ordenar la Corte la suspensión del
procedimiento cualquiera que sea su naturaleza”.
— Aprobado.
Queda despachado el artículo 86 bis.
El señor ORTUZAR (Presidente) anuncia que se entra a considerar
ahora el artículo 86 b), que se refiere a la autonomía del Poder Judicial.
Lamenta que no esté presente en estos instantes un representante
del Ministerio de Justicia.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) anticipa
desde luego que el artículo sobre la autonomía del Poder Judicial será
rechazado por el Poder Constituyente.
El señor GUZMAN hace una proposición de orden.
Cree que este tema necesariamente tiene que ser analizado por la
Comisión con presencia y participación del Ministerio de Justicia.
Por tal motivo, sugiere alterar el orden y entrar a tratar de inmediato
el problema de la jurisdicción contencioso-administrativa de los
Tribunales Administrativos.