Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

analiza en forma aislada, incluso debería tener un cuerpo encargado de
cumplir sus resoluciones. Es evidente que eso no puede admitirse, para
evitar choques con los demás Poderes y para promover la legalidad
general, y la autoridad —el Ejecutivo— siempre calificará y podrá postergar
el cumplimiento de los fallos, pero por lo menos hay que ponerlo en la
Constitución, a fin de que aquél sepa que sólo en casos muy fundados
podría darse ese lujo, se entere de que transgrediría una norma
constitucional y que iría demasiado lejos. En caso contrario caerían en lo de
los intendentes que sufrieron en el tiempo de la UP, quienes fueron
realmente una vergüenza. El Poder Judicial no tenía imperio.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que es evidente que el Poder
Judicial no va a tener manera de obligar al Poder Ejecutivo a dictar el
decreto. Sin embargo, la verdad de las cosas es que piensa como la señora
Romo, en que es preferible mantener el rigor de la disposición, aunque en
definitiva pueda no cumplirse en este caso, porque por lo menos contribuirá
a que los Gobiernos cumplan las resoluciones judiciales y se apresuren a
dictar los decretos correspondientes y dicten los decretos supremos de
pago.
El señor GUZMAN cree que la inquietud del señor Carmona, si lo ha
entendido bien, se refiere a si no podría estimarse que la exigencia de ese
decreto sería inconstitucional.
El señor CARMONA acota que sí. Porque imagina que una sentencia
judicial que obliga al Fisco a pagar una cantidad determinada no admite
espera, ni dilación alguna, ni calificación de oportunidad. Pero luego una ley
dice que se necesita un decreto del Ministerio de Hacienda para ordenar el
pago. ¿Qué pasaría?
La señora ROMO contesta que la ley sería inconstitucional.
El señor CARMONA pregunta: ¿Podría estimarse esa norma como un
simple ordenamiento económico que el Ministerio de Hacienda haría de los
recursos fiscales y que se necesite un decreto para hacer un pago fiscal?
¿Tendría eso un rango superior a lo resuelto por el tribunal? Cree que no.
El señor GUZMAN manifiesta que tal vez podría entenderse, a
primera vista, que en ese caso la autoridad requerida, el Ejecutivo —
concretamente, el Ministerio de Hacienda—, para cumplir sin más trámite el
mandato judicial, tiene que dictar, también sin más trámite, el decreto
pertinente. En ese sentido, la disposición que exige el decreto se entendería
constitucional, por ser un medio para llevar a cabo la resolución judicial. Y
es esa acción la que debe realizarse sin más trámite, así como en otro caso
puede ser el otorgamiento de la fuerza pública o algún otro medio
diferente, según la naturaleza de la resolución judicial.
La señora ROMO pregunta: ¿Y dónde quedan las garantías
constitucionales? Porque, una vez que un tribunal discutió una materia y ya
se estableció lo que correspondía, no puede una autoridad administrativa,