Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que, en cambio, se requeriría
aprobación del Consejo de Estado, siempre que la Constitución
establezca el Consejo de Estado como institución permanente.
Agrega que es evidente que si esa disposición existiera, no tendría
ninguna necesidad esta otra.
El señor DIEZ manifiesta que la institucionalización del Consejo de
Estado está sujeta a la constitucionalidad futura. Corresponde a una idea —
que comparte plenamente— de que un órgano de ese tipo es indispensable,
no sólo para el Poder Ejecutivo, sino también para el legislativo, en la
resolución de asuntos fundamentales, por lo cual concuerda absolutamente
con la indicación.
El señor GUZMAN señala que, en todo caso, cree que la indicación
tiende a solucionar razonablemente el problema, para no estratificarlo
demasiado. Lo que estima prematuro es referirse en este momento al
Consejo de Estado, antes de que hayan dilucidado su naturaleza y su
función futura.
A primera vista, el Consejo de Estado, siendo un órgano consultivo
del Presidente de la República, compuesto por miembros designados
íntegramente por él, no puede ser llamado, a su modo de ver, a ejercer
funciones de aprobación necesaria para determinados proyectos de ley.
Distinto es que el Consejo de Estado proponga al Presidente de la República,
como ocurriría en la Constitución de 1833, ternas o quinas para
determinadas funciones. Que un proyecto de ley deba requerir aprobación,
y no mera audiencia, del Consejo de Estado, transforma sustancialmente lo
que este órgano es antes de que hayan visualizado las razones de esa
modificación, la estructura que debiera tener para justificar una enmienda
semejante y, en seguida, la constitución general de todo el Poder
Legislativo en la cual iría inserta esta atribución.
De manera que, por ahora, se remitiría simplemente a aprobar una
disposición que señalara que en todo proyecto que modifique la estructura
o la naturaleza o las atribuciones de la Administración de Justicia será oída
la Corte Suprema, dejando corno elemento pendiente, para considerarlo en
su oportunidad, si se hace o no referencia al Consejo de Estado.
Estima que de este modo ponen un resguardo razonable a la inquietud
del señor Bertelsen —que todos comparten— y, al mismo tiempo,
no cierran en exceso la fórmula.
Añade que comparte lo que el señor Carmona acaba de señalar, en el
sentido de que, en definitiva, un proyecto de tribunales populares sólo
podría prosperar en el caso de que hubiese una mayoría legislativa inclinada
a aceptarlo. Y esa mayoría legislativa tendría necesariamente que
representar a una mayoría ciudadana que podría expresarse en la
posibilidad de ejercer el poder constituyente y de dar un curso al país que,
suponen, la nueva institucionalidad no deberá dar pie para ello, pero que,