Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

A continuación, expresa que el artículo 25 se refiere a la capacidad
para comparecer, que es una capacidad general regida por las reglas de la
comparecencia en juicio del Código Civil. Según esta norma, tendrán
capacidad para comparecer por sí mismos en estas causas la mujer casada
y los menores adultos.
Hace presente que, en seguida, el artículo 26 establece que la acción
contencioso-administrativa que tenga por objeto reclamar o anular actos u
omisiones administrativas podrá ser interpuesta por las instituciones o
corporaciones que posean la representación o la defensa de intereses
generales, corporativos o gremiales, siempre que el acto que se impugne
afecte a dichos intereses. Destaca que al redactar este precepto, se pensó,
entre otros organismos, en los Colegios Profesionales y en los Colegios
Técnicos. Esta acción también podrá ser interpuesta por cualquiera
persona, cuando en virtud de expresa disposición de la ley exista acción
popular.
Conforme al artículo 27, se considerará como parte demandada a la
administración de quien proviniere el acto, disposición u omisión
individualizados en la demanda, y a la administración a quien se impute la
realización de la actividad material de la que derivare el perjuicio cuya
indemnización se demanda.
El artículo 28 establece que podrán figurar como demandadas dos o
más entidades o instituciones, con lo que se desea hacer posible una
acción más rápida y beneficiosa.
El artículo 30 considera la actuación de coadyuvantes tanto para el
demandante como para el demandado; al respecto, parte coadyuvante del
demandado será cualquiera persona que tuviere interés en el
mantenimiento del acto o disposición que motivare la acción contenciosoadministrativa,
y del demandante, quien tuviere interés en la anulación del
acto o de la disposición impugnada.
Explica que en cuanto al procedimiento, se estimó que no era posible
ajustarse a uno determinado, y se discutió si era preferible recurrir a la
acción del juicio ordinario, o bien, a la de algún juicio especial,
resolviéndose aplicar prácticamente la acción del juicio ordinario, con
ciertas modificaciones tendientes a eliminar algunas de las trabas
principales que hoy día prolongan y hacen de más lato conocimiento el
juicio ordinario, como son, por ejemplo, los escritos de réplica y dúplica,
que no tienen objeto. Pero lo más interesante en esta materia de
procedimiento es que al juez se le otorga una amplia facultad para proceder
de oficio, facultad que prácticamente no tiene limitación, si bien
tendrá que dirigirla, en primer término, a hacer más rápido, más ágil y más
expedito el procedimiento, y también a obtener todos aquellos
antecedentes necesarios para un cabal y buen pronunciamiento; no más
allá, y así tendrá que entenderlo el juez.
Añade el señor Martin que entre estas disposiciones que tienden a