Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

en el futuro la posibilidad de un conflicto de poderes entre el Parlamento y
el Poder Judicial, en tanto cuanto este último tendría la atribución de
desconocer la eficacia de un acto legislativo.
La tesis contraria fue sostenida por el señor Guzmán y la Mesa, esta
última más que todo con el objeto de obtener una confrontación de la cual
pudiera salir la luz suficiente como para, plenamente convencida, adoptar
uno u otro criterio.
En esa ocasión se pensó que una de las materias más fundamentales
de la nueva institucionalidad es la relativa a la creación de un Estado de
Derecho sólido, que descanse en el principio de la supremacía
constitucional. Ya se han aprobado, incluso, en el Acta Constitucional Nº 2,
preceptos que establecen que las potestades estatales, las autoridades,
están obligadas a respetar las Actas Constitucionales, la Constitución y la
ley; que toda institución, persona o grupo está obligado igualmente a
respetar la Constitución y la ley; se ha establecido el principio del actual
artículo 4° de la Constitución vigente, en el sentido de que ninguna
magistratura, persona o reunión de personas, pueden atribuirse, ni siquiera
a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que
no sean los que expresamente se le hayan conferido. Por tal motivo, le
parece que, como consecuencia y como corolario de estos principios,
debería establecerse, en los casos en que el Parlamento dictara una
disposición inconstitucional, que algún órgano, jurisdiccional por cierto,
tendría que declarar la falta de eficacia de esta disposición.
El recurso de inaplicabilidad en los términos en que está actualmente
contemplado en la Constitución Política es limitado, porque no siempre los
particulares van a tener interés en recurrir a la Corte Suprema. Aún hay
casos en que teniendo interés, por tratarse de materias administrativas
contenciosas y no estando hasta ahora establecidos los Tribunales
Administrativos, no podrían hacerlo, porque correrían el riesgo de que los
Tribunales declararan su incompetencia.
Por otra parte, considera que no se podría invocar el recurso de
protección como suficiente garantía en favor de los particulares, en el
supuesto de que la ley inconstitucional violara una garantía constitucional,
porque el recurso de protección, tal como la Comisión lo ha consagrado en
el Acta Constitucional, dice relación a los actos arbitrarios e ilegales en que
pueda incurrir una autoridad. Pero, en este caso, el acto no sería arbitrario,
porque precisamente se ajustaría a la ley; ni tampoco sería ilegal, porque
estaría dentro de los términos de la ley, —se está refiriendo, señala, al
caso de que la autoridad estuviera aplicando una disposición legal
inconstitucional—, de manera que no procedería el recurso de protección; y
si se estimara lo contrario, quiere decir que se le estaría dando a la Corte
de Apelaciones y no a la Corte Suprema incluso la posibilidad de
desconocer la eficacia de esta norma legal contraria a la Constitución. Por
lo tanto, no le parece que se pueda invocar como argumento para no
contemplar el recurso de inconstitucionalidad, el que exista el recurso de
protección, porque se refiere más bien a los actos arbitrarios e ilegales de