Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que bien se sabe lo insuficientes que son y lo sobrepasadas que están por
textos legales; y, en seguida, tal vez las normas que rigen a los Ministros
de Estado —artículos 73 al 78— también en un grado extraordinariamente
precario, por cuanto basta leer su texto para darse cuenta que hay una
serie de preceptos que no se aplican.
Ante esa realidad, cree que convendría enfocar la labor tendiendo a
configurar como Actas Constitucionales todo lo que queda por ordenar
desde el punto de vista constitucional. Ya hay un mandato para transformar
en Acta Constitucional aquello que se refiere a los Poderes del Estado y su
ejercicio que hayan sufrido modificación, vale decir, Poderes Legislativo y
Ejecutivo. Comparte absolutamente lo que el señor Presidente de la Corte
Suprema señaló como posición subsidiaria, en el sentido de que,
obviamente, un Acta Constitucional sobre el Poder Judicial no debiera ser
jamás promulgada sino en conjunto con un Acta Constitucional sobre los
Poderes Legislativo y Ejecutivo. Eso lo considera de estricta lógica y, más
bien dicho, una exigencia para que realmente no se caiga en todos los
males que el prevé. Está completamente de acuerdo en que si el Gobierno
procediera a dictar un Acta Constitucional sobre el Poder Judicial antes de
promulgar un Acta Constitucional sobre los demás Poderes del Estado se
generarían todos los males que él señaló. En cambio, piensa que si se
realiza conjuntamente, y más aún si en lo posible se trata de que en ese
instante también se realice conjuntamente la promulgación de aquellas
actas constitucionales que estarían ya virtualmente preparadas, que Son las
que se refieren a nacionalidad y, eventualmente, ciudadanía, y la que se
refiere a la organización o régimen administrativo interior, contenida en el
decreto ley 573, le parece que podrían dar por terminada la labor de
configurar este conjunto llamado actas constitucionales, que tiene un
carácter, como se ha dicho, más provisorio, pero, al fin y al cabo, bastante
orgánico y cuya durabilidad no puede preverse. Y podrían apuntar,
entonces, ya en forma derecha, al problema que don Juan de Dios Carmona
señalaba con tanta razón; que el trabajo debe culminar una etapa que ya
empezó y que quedaría extraordinariamente trunca y extrañamente
incompleta si ocurre que quedasen en el texto constitucional de 1925 sólo
una o dos materias intocadas y con apariencia de intocables.
Señala que éste es el predicamento que quisiera plantear como idea
de trabajo de la Comisión hacia adelante. Cree que, en todo caso, y como
dijo ayer, cuando se dicte el Acta sobre el Poder Judicial, si es que llega a
promulgarse, y obviamente en conjunto con las de los otros Poderes del
Estado, debieran dejar constancia en los considerandos de cosas tan
importantes como el hecho de que la Comisión ha trabajado en esta
materia a la luz de un informe presentado por una Subcomisión
especializada, que ha sido presidida nada menos que por quien hoy es
Presidente de la Corte Suprema. Deberían señalar cómo se contienen en
esa acta constitucional todos y cada uno de los principios que la
Constitución de 1925 consagraba para el Poder Judicial, en aras de
robustecer su independencia. Y ese documento constitucional, que vendría
a promulgarse, sólo robustecería, todavía en mayor medida, esa
independencia de los tribunales en su carácter jerárquico, técnico y