Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que se ha discutido con motivo de la proposición del señor Lorca para no
consagrar en la Constitución determinadas causales de expiración de la
función de juez. El señor Díez, recuerda, respondió que lesionaría la razón
de ser del principio de la inamovilidad del juez dejar a la ley la posibilidad
de crear causales que se traducen, en el hecho, en la cesación de las
funciones del magistrado, es decir, en el término de la inamovilidad.
Sin embargo, a raíz de una observación del señor Ministro de Justicia
en relación con el Código Orgánico de Tribunales, quiere preguntar si la
facultad que el legislador ha ejercido en el artículo N° 332 de ese texto
legal al determinar una serie de causales que constituyen un motivo de
expiración de las funciones de juez —algunas de las cuales no son causas
legalmente sentenciadas, que es la única consagrada en forma genérica por
el constituyente, aparte la causal específica de la remoción por los dos
tercios de parte de la Corte Suprema—, está o no en contradicción con los
principios que aquí se han discutido y con el texto aprobado.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) pregunta
que cuáles son las causales.
El señor GUZMAN contesta que el artículo dice que “el cargo de juez
expira”... Y señala una serie de causales. Desde luego, por incurrir en
“alguna de las incapacidades establecidas por la ley para ejercerlo”, en las
cuales podría estimarse que hay una causa legalmente sentenciada, pues el
legislador las ha sometido a un procedimiento.
También se hace mención de los sordos, los mudos y los ciegos, y de
otras causales, pareciendo todas ser de la más lógica procedencia. Sin
embargo, el legislador podría señalar otras, desde el momento en que ha
podido agregar éstas. No pueden remitirse a lo que el legislador ha
consagrado, sino a lo que podría consagrar el día de mañana.
En seguida habla de “la recepción de órdenes eclesiásticas mayores”.
En todo caso, advierte que se remite a las que constituyen causas
legalmente sentenciadas: “la aceptación, de todo cargo o empleo
remunerado con fondos fiscales, semifiscales o municipales, salvo la
excepción contemplada en el artículo 261”.
Fundamentalmente —repite— su inquietud está referida, no a lo que
está consagrado, sino a la facultad que tendría el legislador para señalar
nuevas causales de expiración.
En síntesis, pregunta, cómo se armoniza el problema que plantea con
el rango constitucional de la inamovilidad de los jueces y con la afirmación
que aquí se ha hecho —y que parece contar con el asentimiento de la
Comisión— en el sentido de que el legislador no puede disponer otras
causales de movilidad que no sean las que expresamente se han
establecido en la Constitución.