Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor EVANS (Profesor de Derecho Constitucional) hace saber que
en esta materia —no en otras; la Comisión ya le escuchó— tiene una
opinión categórica: cree que el texto constitucional debe mantener la
redacción del artículo 21, porque el señor Presidente ha acertado
plenamente al expresar que es absolutamente imposible establecer en el
texto constitucional qué organismos estarán sometidos a la Contraloría; y
en segundo lugar, en qué medida estarán sometidos a ella, porque en el
caso de que el texto constitucional dijera que estarán sometidos a la
Contraloría General de la República la administración centralizada del
Estado, que ya incluye todo lo que es Gobierno, Ministerios, etcétera;
servicios u organismos semifiscales; servicios de administración autónoma;
empresas del Estado, y otras instituciones, cabría preguntar qué queda
afuera si el texto constitucional determina que quedan sometidos a la
Contraloría la administración centralizada del Estado y los organismos en
que el Estado tenga participación, ya sea porque es mayoritario en su
directorio, en su capital, etcétera. Piensa que otra forma de enfocar el
asunto sería marginando todos lo que son servicios semifiscales o servicios
públicos autónomos y algunas empresas en que el Estado tiene una
participación, pero minoritaria.
Expresa que, por este motivo, cree que encontrar una fórmula que
“congele” en la Constitución —y ése es su temor— el ámbito de acción de la
Contraloría, es extremadamente difícil y, por aquello de “congelar”,
extremadamente peligroso.
Hace presente que no tiene temor al legislador, pues cuando el
legislador, en este país, ha querido entregar a la tuición de la Contraloría
determinados servicios, o entregarlos en cierta forma, o excluir a algunos
de ellos de la intervención de dicho organismo, lo ha hecho, y cree
preferible esa fórmula, porque la del “congelamiento”, o es extensiva y
abarca una cantidad inmensa —prácticamente todo aquello que lo
imaginable puede incluir— o es tan restrictiva que quedarían marginados
muchos organismos que, por su importancia económica y la importancia y la
cuantía de los recursos que manejan, deberían estar sometidos a la
Contraloría. Por lo demás, en eso de que las empresas del
Estado requieren de agilidad y de que la Contraloría se la impediría,
etcétera, estima que es cuestión de que el legislador vaya restringiendo o
ampliando, cuando sea necesario, el marco de acción de esta última, lo que,
a su juicio, es mucho más beneficioso que un “congelamiento” en la
Constitución de los organismos o las entidades sometidos a su control.
En consecuencia, prefiere quedarse con el texto del artículo 21, por
supuesto que adecuado a las circunstancias, ya que habla “de la
Beneficencia Pública”, etcétera, pero lo dejaría entregado a la ley. Por otra
parte, manifiesta que si se preguntara dónde se ha producido un gran
debate en Chile acerca del inconveniente presentado por el artículo 21,
habría que responder que no lo ha habido.
El señor ORTUZAR (Presidente) ofrece la palabra al profesor señor
Mario Verdugo.