Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que el punto central radica en que no cabe la menor duda de que cuando la
ley permite una gama de opciones para su correcta aplicación, sin apartarse
de su texto, esa gama debe ser respetada, y hace notar que, generalmente,
la ley da a quien debe aplicarla un margen de discrecionalidad más o menos
amplio, pero indispensable en la virtual unanimidad de los casos, y ese
margen de discrecionalidad debe ser respetado, pues quien aplica la ley
está cumpliendo con ella cualquiera que sea la opción que escoja dentro de
sus facultades discrecionales.
La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) destaca que eso es lo
que ella llama interpretación finalista de la ley; ese es su concepto.
El señor GUZMAN cree que eso es algo fundamental, que no puede
ser discutido, salvo que constituye excepción a esta libertad el concepto
jurídico de la desviación de poder; es decir, si haciendo uso de la facultad
discrecional, la autoridad, al aplicar la ley, quebranta de manera manifiesta
el sentido de justicia que la norma lleva implícito, es evidente que, aunque
materialmente está dentro de la ley, por cuanto está haciendo uso de una
facultad discrecional que ella le ha conferido, en realidad está apartándose
de la ley, porque está cayendo en una figura que vulnera la finalidad propia
de la misma, y, como señala con razón el señor Presidente de la Comisión,
porque esta finalidad es el sentido de justicia que ha inspirado la dictación
de la norma.
De manera que considera que el problema de la Comisión es doble,
pues, por una parte, se trata de reforzar, en forma que resulte indubitable,
la atribución que tiene la autoridad para moverse dentro de todo el margen
de discrecionalidad que la ley efectivamente le conceda, de acuerdo con el
espíritu de justicia que la norma encierre, y en segundo lugar, se desea
poner con igual vigor un dique a la posibilidad de que la autoridad, so
pretexto de hacer uso de las facultades discrecionales, se exceda hasta
llegar a lo que pueda constituir una conducta que envuelva desviación de
poder, en los términos en que se ha indicado recientemente.
Agrega que lo que comparte con don Juan de Dios Carmona y, según
cree, con don Gustavo Lorca, es lo relativo al riesgo que representaría
entender que la autoridad se puede apartar del texto de la ley más allá de lo
que constituya el ejercicio de las facultades discrecionales que ella le
otorgue. Estima, en principio, que eso la autoridad administrativa no lo
puede hacer, y que distinto será que, a través de la consagración de ciertos
preceptos excepcionales, puedan darse casos en los cuales, incurriendo la
autoridad en la conducta que señala, es decir, apartándose del texto de la
ley más allá de toda opción discrecional que ella le conceda, exista la
posibilidad de que no sea sancionado el funcionario que así actúe, por una
consideración superior que haga ver que su acción se enmarcó dentro de los
principios de equidad natural, y en los cuales el buen sentido indique al
organismo llamado a fiscalizar que, en esa oportunidad y por una excepción
calificada, debe pasar por alto esa conducta y dejarla sin sanción. Pero, a su
juicio, consagrar el principio de que realmente los funcionarios pueden apartarse
del texto de la ley para buscar su sentido o finalidad más profunda,
más allá de su texto, sería introducir un factor muy peligroso. Considera