Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Corte Suprema, se está refiriendo al procesamiento por delitos que no sean
propiamente ministeriales, porque respecto de eso existe ya un
procedimiento especial.
El señor GUZMAN señala que, no obstante, como esta disposición
tendría rango constitucional, habría que precisar muy bien si quieren dejar
vigente el sistema de la querella de capítulo, o sencillamente lo absorben
en esta disposición.
Agrega que desea plantear una inquietud, porque están configurando
un artículo que, en el fondo, se ha transformado en una especie de
consagración del antiguo fuero parlamentario que alcanzaría ahora a los
magistrados. Se trata de un fuero ordinario que precisamente no se aplica
durante el estado de emergencia, desde el momento que fue necesario
considerar en las disposiciones propias de dicho estado una norma que
establecía expresamente que ellas no podrían afectar las prerrogativas de
Senadores y Diputados. Y hace la consulta por el siguiente motivo. Quiere
preguntar al señor Presidente de la Corte Suprema cuál es la idea que al
respecto tiene ese alto tribunal, porque daría la impresión de que, en un
régimen de emergencia, este privilegio —aplicado a los jueces— podría ser
obviado, eliminado, si la Corte de Apelaciones respectiva, o la Corte
Suprema, autoriza al Jefe del Estado para llevar a cabo su facultad, lo que
no le parece conveniente. A su juicio, deben o quedar resueltamente excluidos,
como en el caso de Diputados y Senadores, o quedar incluidos en las
normas propias del Estado de Sitio. Pero, en todo caso, no pueden asimilar
este problema al fuero ordinario, disposición en virtud de la cual lo que
declara la Corte es una cosa muy precisa. Se está refiriendo a la existencia
de un presunto delito, está hablando de un lugar en el cual se cometió ese
presunto delito, para fijar la jurisdicción, y la Corte se pronunciaría respecto
de si ha lugar o no a la formación de causa. Nada de eso tiene que ver con
el problema del Estado de Sitio en que el Presidente de la República aplica
la detención como un ejercicio de facultades discrecionales, sin que deba
existir para nada la comisión de un delito o la presunción de que haya
tenido lugar, sino que, simplemente, por estimar peligrosa a una persona
para los efectos de la seguridad del Estado, como una detención de carácter
preventivo. De modo que, a su juicio, no cabe a ese respecto ningún tipo
de autorización de las Cortes para ejercer la facultad presidencial. Se trata,
sencillamente, de excluir a los magistrados de la posibilidad de que les sean
aplicadas las normas propias del Estado de Sitio para detener y trasladar a
las personas.
El señor ORTUZAR (Presidente) piensa que deberían seguir el criterio
señalado denantes por el señor Díez, en el sentido de establecer la norma
para el caso ordinario, y después una disposición similar a la que se agregó
al artículo 17 y según la cual las medidas que se tomen a causa del Estado
de Sitio no tendrán una duración mayor que la de éste, pero con ello no se
podrá violar el fuero judicial.
El señor DIEZ señala que, en lo que respecta a esta materia, hay una
serie de dudas que tenía cuando era parlamentario y que surgían cuando