Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

ese caso se aplica la justicia en el campo mismo de batalla, por así decirlo.
Con respecto al recurso de inaplicabilidad, éste dio lugar a un largo e
interesante debate en el seno de la Comisión. Hubo dos opiniones: una,
sostenida por el señor Díez, y la otra, por el señor Guzmán y por el que
habla —este último, más que por estar íntimamente convencido de la
bondad de su tesis, con el objeto de producir una confrontación que les
condujera a una conclusión válida en esta materia—, quienes estimaron
que, en realidad, cuando se habían producido por lo menos tres fallos
uniformes y consecutivos de la Corte Suprema en un mismo sentido, era
conveniente que este procedimiento pasara a tener el carácter de un
recurso de inconstitucionalidad, en el sentido de que la decisión de la Corte
Suprema pudiera implicar dejar sin efecto de una manera general la ley
inconstitucional.
Para sostener esta tesis, en primer lugar, se tuvo presente que
resultaba muy difícil para la opinión pública comprender por qué, después
de haberse producido ya varios fallos en un mismo sentido, sin embargo
todavía era necesario seguir recurriendo a los Tribunales en demanda de
que se declare inaplicable un precepto por ser contrario a la Constitución.
Una razón de economía procesal. Otra, que dice relación al hecho de que
son muchos los casos que quedaban prácticamente al margen de la
declaración de inaplicabilidad, no obstante que un precepto legal pudiera
ser contrario a la Carta Fundamental. Por ejemplo, en todos aquellos casos
en que las personas no tienen los medios suficientes para poder recurrir a
los Tribunales en demanda de esa declaración de inaplicabilidad; o bien
cuando, por tratarse de asuntos contenciosos-administrativos, los
Tribunales se estimaban incompetentes, con lo cual en la práctica no había
manera de pedir la declaración de inaplicabilidad.
Por último, habían casos que no afectaban el interés particular, como
ocurrió especialmente en los últimos Parlamentos —el señor Carmona debe
recordarlo—, cuando se dictaban con frecuencia leyes inconstitucionales, ya
sea porque aquél se atribuía la iniciativa de una ley que correspondía al
Ejecutivo, ya sea porque dictaban leyes desfinanciadas, etc. Todo eso les
hacía pensar que, para cuando se lograra producir una cierta jurisprudencia
uniforme de parte de la Corte Suprema, era conveniente establecer este
recurso con características distintas.
El señor Díez manifestó que, en su concepto, el recurso había
funcionado bien. El pensaba, además, que facultar a los tribunales de
justicia para que pudieran dejar sin efecto la ley, que era la manifestación
de la voluntad de un Poder del Estado, podría incluso, el día de mañana,
crear perturbaciones de tipo político, lo que consideraba extraordinariamente
grave.
Ellos le manifestaron que, si hubiera existido esta disposición,
probablemente el Parlamento se habría cuidado mucho de no dictar leyes
inconstitucionales. Por otra parte, tenían que pensar en un Congreso
Nacional con una composición distinta, no eminentemente político, de