Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

inconstitucional, por ilegal o, por último, por estar fuera de la competencia,
procede en virtud de razones superiores de bien común que exceden el
marco del derecho positivo,
Le parece, agrega, que en el primer caso, si el diferendo se funda en
una distinta interpretación jurídica entre el Presidente de la República y el
Contralor —ya sea sobre la extensión de la competencia de la autoridad que
dictó el decreto, ya sea sobre la legalidad o la constitucionalidad de su
contenido— el Primer Mandatario debe tener facultad para insistir, y el
Contralor, en ese evento, al tomar razón del decreto insistido, debe enviar
los antecedentes al Tribunal Constitucional, a fin de que sea éste el que en
definitiva dirima el conflicto de interpretación jurídica que se ha planteado.
Ahora, si la controversia se funda, no ya en una interpretación
jurídica, sino en una apreciación de orden público, de bien común, que
tenga el Presidente de la República y que reconozca que excede el campo
estricto del derecho, cree que están en una zona mucho más dificultosa, por
cuanto la sola idea de admitir que razones de este género puedan llevar al
Primer Mandatario a hacer prevalecer legítimamente su opinión sobre la del
Contralor, sin otra instancia que resuelva, es de alguna manera hacer
estéril, a su modo de ver, el mecanismo de control, ya que el Presidente
siempre podría fundarse en la existencia de esta razón superior de bien
común para atropellar el derecho.
Añade que el profesor Guzmán Dinator, efectivamente, tiene razón en
cuanto a que a veces esa realidad de bien común exige ir más allá de la
letra del Derecho. Pero cree que eso debe quedar fuera de la norma jurídica
o del sistema constitucional, porque son los recursos que debe tener una
nación para solucionar sus diferendos más allá del Derecho cuando hay
también razones que exceden al Derecho y situaciones que desbordan el
marco meramente jurídico.
Considera que no podrían entrar a dar una solución a este problema
dentro de los mecanismos constitucionales, porque abrir la posibilidad de
que la opinión del Presidente de la República, fundada en una razón de bien
común que él apreciaría, prevalezca sin más, mediante el decreto de
insistencia, sería hacer completamente estéril el control del decreto a través
de su representación. Ahora, entregar la resolución final al Tribunal
Constitucional para que pondere si en realidad concurre esa razón de bien
común, calificada o no, —que sería la otra posibilidad—, ofrece el
inconveniente de constituir a ese organismo, no ya propiamente en un
tribunal ni en un ente de carácter jurídico, sino en una instancia de género
gubernativo que debería entrar a considerar factores eminentemente
políticos, lo cual no es su tarea.
Por lo tanto, preferiría partir de la base de que el Presidente de la
República nunca puede dictar un decreto que vaya en contra de la
Constitución, en contra de la ley o que escape del margen de su competencia,
y moverse sólo dentro de esa esfera, reservando la hipótesis de
que pueda llegar a ser necesario ese “exceso jurídico” de parte del Jefe del
Estado para una situación de hecho muy excepcional, que debería tener