Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

que al incluirse a las causas contencioso-administrativas en el inciso
primero del artículo 80, tal vez quedaría un poco limitativo el precepto. En
cambio, con la redacción que le da la Mesa subsiste lo que siempre ha
entendido la Corte Suprema por “causas civiles”, es decir, que comprenden
todo lo que no sea penal. En realidad, agregar ahí la frase “y de lo
contencioso-administrativo” podría prestarse a que otras causas civiles
similares no quedaran comprendidas en el artículo 80.
El señor DIEZ le solicita que le aclare dicho concepto.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) le explica
que la Corte Suprema siempre ha estimado que la frase “causas civiles”
está solamente en contraposición con la de “causas criminales”. O sea, el
panorama de las “causas civiles” comprende todo lo que no sea penal.
Todas las contiendas “en el orden temporal”, de acuerdo con el artículo 5°
del Código Orgánico de Tribunales. Ha sido muy discutido este artículo 5°,
agrega, como lo sabe don Sergio Díez, por estas palabras: “en el orden
temporal”. Muchos han dicho que sólo está referido a lo no religioso. Pero,
en fin, la jurisprudencia se ha uniformado en el sentido de que esa frase —
“en el orden temporal”— corresponde a todo.
Encuentra muy plausible la idea del señor Bertelsen de incluir a las
causas contencioso-administrativas en el artículo 80. Pero teme que ello
sea un poco limitativo. Dentro de la inmensa gama de cuestiones que se
pueden plantear a un tribunal, hay causas respecto de las cuales puede ser
discutible que sean “civiles” propiamente tales. Entonces, al agregarse la
frase “y de lo contencioso-administrativo”, se limita un poco el concepto de
“causas civiles”. En cambio, si queda el artículo como lo propone la Mesa,
se está ampliando más el concepto. Así, al hablar la Constitución de
“causas civiles”, está diciendo que ellas también comprenden a las causas
contencioso-administrativas; pero, para este caso de las “causas
contencioso-administrativas”, establece una forma diferente de ejecución,
que no es la de las causas civiles y criminales corrientes.
El señor DIEZ sugiere se dé nuevamente lectura a la proposición de
la Mesa.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que el texto propuesto dice:
“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, sentenciarlas
y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los
tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República, ni el
Congreso, pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse
causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.
“Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los
actos de instrucción que decreten, podrán los tribunales impartir órdenes
directas a la Fuerza Pública o ejercer los demás medios de acción
conducentes de que dispusieren.
“El cumplimiento de las resoluciones que se dicten en las causas de