Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

al año, del manejo financiero del Estado, él diría que para la vía elevada
de Valparaíso no se dieron los recursos necesarios, y, por lo tanto, hay un
camino que no se ha terminado, y nada más. Considera que la concepción
de ese decreto es precisar ese aspecto, pero entrar a hacer un análisis
técnico de si el estudio está bien hecho; si los términos de referencia
fueron correctos; si había otros usos alternativos del dinero de que
disponía el Gobierno; si era mejor, en vez de hacer un camino, construir
un hospital o una escuela, o fomentar más la alimentación infantil, eso es
lo que él llama la eficiencia en la asignación de los recursos, y cree que
este no es rol de la Contraloría.
El señor CANESSA (Ministro Presidente de CONARA) explica que, en
relación con lo expresado por el señor Bertelsen, en general, CONARA
estima que la Contraloría debe velar por la legalidad y la constitucionalidad
de los actos administrativos, pero no podría entrar a juzgar
la oportunidad, la conveniencia o inconveniencia de determinados actos o
el mérito de ellos; sobre todo, si pretende ejercer un control preventivo,
porque sería otorgarle tal cantidad de facultades que dejaría al Ejecutivo,
prácticamente, en una posición de no poder operar, y si no opera sería
acusado de inoperante; y si opera, también sería acusado por la
Contraloría.
Agrega que CONARA estima —por eso, se excusó denantes de dar
su opinión a fondo, la que dará posteriormente por escrito—, de que este
“control de eficiencia” debe ejercerlo la Contraloría en aquellos casos
especiales que disponga el Presidente de la República, como organismo
que colabora con él en su acción de Gobierno; pero no darle estas atribuciones
en forma amplia y general, ya que eso significaría crear un
poder que sobrepasaría incluso al propio Poder Judicial en materia administrativa.
Entiende que respecto de los Tribunales Contencioso-Administrativos
establecidos en la Constitución del año 1925, se está estudiando
en este momento un proyecto de ley para ponerlos en vigencia, pero,
en este momento, la Contraloría ya sería el Organismo máximo e inapelable
en las asuntos contencioso-administrativos. Expresa que debiera
existir una última instancia, radicada en los tribunales ordinarios de
justicia y llegar, si es necesario, a la Corte Suprema, con lo que cree que
se reflejaría la independencia de los Poderes del Estado, a menos que
esté equivocado.
El señor ORTUZAR (Presidente) hace saber al Ministro señor
Canessa que no sólo no está equivocado sino que considera que está
interpretando el sentir unánime de la Comisión en esta materia.
Explica, al mismo tiempo, al señor Ministro que estima que también
sería extraordinariamente interesante que les hiciera llegar, si no en el
oficio que les ha anunciado, para no demorarlo, en otro que podría
enviarles después, la opinión de CONARA sobre cuáles podrían ser las
disposiciones o normativas constitucionales, en sus rasgos más fundamentales,
llamadas a regir la Administración del Estado en su gran
estructura y organización. Piensa que —seguramente CONARA ya lo debe