Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

hablaba el señor Lorca, pensaba que aunque sea difícil precisar, tal vez
haya que introducir la distinción entre lo que son servicios públicos en el
sentido tradicional y las llamadas “empresas del Estado”. Porque si en
cuanto a los servicios públicos no cabe ninguna duda que deben estar
sujetos al control de la Contraloría General de la República, sí tienen —al
menos las tiene él— dudas muy fuertes sobre la conveniencia de someter
a las empresas del Estado, que deben actuar precisamente por ser
empresas, con una mentalidad y una forma distintas a cómo lo hacen los
servicios públicos. Tal es el caso de CODELCO, la Empresa de Comercio
Agrícola, la Línea Aérea Nacional, EMPREMAR o cualquier sociedad
anónima, por último, donde el Estado tenga un 51% de participación. En
ellas la Contraloría no puede actuar, al menos en la forma como lo hace
ella. En este punto preferiría no indicar que la Contraloría cuando controla
una empresa debe actuar con determinado criterio y cuando controla a
otras con uno distinto, eso no es posible. Piensa que esas empresas
tienen que estar sujetas a un tipo de control distinto, el cual en un caso
podría ser la Superintendencia de Sociedades Anónimas; en otro, la
Superintendencia de Bancos y Sociedades Financieras, o, por la entidad e
importancia que ellas tienen —como es el caso de CODELCO—, tener a lo
mejor un sistema de control propio.
El señor LORCA acota que hoy día CODELCO tiene un sistema
contralor totalmente aparte, el cual no tiene nada que ver con el de las
empresas; es totalmente distinto.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que está de acuerdo con la
proposición del señor Bertelsen en el sentido de enviar sólo el proyecto
relativo a la Contraloría, porque lo otro no tendría objeto.
En lo que dice relación a la conveniencia de hacer la distinción
entre servicios públicos y empresas del Estado —hecha presente en primer
término por el señor Carmona— la comparte plenamente. Cree que
todo lo que sea ponerle trabas a estas empresas del Estado es inconveniente.
Su única duda es hasta qué punto significa ponerle trabas —esto
lo tendrán que ver después de tener todos los antecedentes del caso— el
que estén sometidas a una especie de control de carácter contable o financiero,
a posteriori, simplemente para ver si han invertido bien sus
recursos. No le parece que ella sea inconveniente y nadie más capacitada
que la Contraloría para hacerlo. Lo importante es que la legislación por la
cual se rigen les dé tal flexibilidad que puedan administrarse como si se
tratara de empresas comerciales, pero, obviamente, cuando se trata de
ver si han hecho buen y correcto uso de esas atribuciones, y de cómo se
traduce ello en lo que dice relación al contexto financiero y contable a
posteriori, se inclinaría por mantener un control de la Contraloría en ese
sólo aspecto y sin entrabarlas.
El señor BERTELSEN hace presente que el señor Contralor decía en
la sesión anterior, y es una de las innovaciones de uno de los decretos
leyes que se citaron respecto de la Contraloría, cómo se ha ido añadiendo
algo más al típico y usual control financiero contable de la Contraloría; lo