Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

organismos o instituciones (artículo 7°); funciones de la administración
(artículo 7°); y finalmente sistemas administrativos completos (artículo
6°);
b) Desde el punto de vista de terminología, el proyecto se
refiere indistintamente al control con los términos fiscalización (artículo
8°), examen objetivo (artículo 7°); llevar la contabilidad (artículo 6°) e,
incluso, el sistema contencioso de anulación (artículo 5° inciso 3°);
c) Tanto el control jurídico como el control administrativo
apuntan a los objetivos, a la eficiencia y la eficacia de los sujetos de
control.
Lo anterior, demuestra que no queda claro quién y cuándo será
sujeto de control y a qué se refiere con precisión cuando se dice control.
En los puntos siguientes se ha tratado de precisar una terminología con
este preciso fin para, a partir de ella, poder esclarecer tanto los sujetos
como las formas de control que deberán darse en la Administración
Pública.
3. — El control de la Administración, en términos generales, puede
revestir dos grandes formas:
a) Verificar el cumplimiento de objetivos y metas generales,
establecidas comúnmente en las leyes orgánicas de las instituciones
públicas, que equivalen en la práctica al grado de satisfacción de la
necesidad pública que se tuvo en consideración al crear la institución o,
en otra alternativa similar, ver en qué medida los servicios públicos
siguen adecuadamente las políticas generales que el Supremo Gobierno
haya definido y les sean aplicables.
Este control tiene un alto grado de subjetividad por parte del
Contralor, porque en ausencia de especificaciones precisas respecto a la
conducta del órgano administrativo, debe entrar a suponerlas, fenómeno
este último que normalmente se entiende como tarea de los órganos
políticos.
b) La segunda alternativa del control de la Administración es
que la autoridad política máxima defina, para cada órgano de la Administración,
un conjunto de metas a cumplir, lo cual normalmente se entiende
como planificación imperativa, la que técnicamente combina dos
aspectos: por un lado la definición de metas para un plazo dado y, por
otro, la asignación de recursos financieros y humanos necesarios para
alcanzarlos.
Existiendo un patrón de medida dado por el plan del sector público
y las metas institucionales en él establecidas —que significa qué y cuánto
hará el sector público en la consecución de las metas más generales del
plan nacional de desarrollo— resta verificar, durante y una vez finalizado
el período de implementación del plan, el grado de cumplimiento de las