Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

demás infracciones y los otros reclamos.
Entonces, son tribunales que en definitiva no podrán ser modificados;
no van a poder ser incorporados, en toda la materia contenciosoadministrativa,
al Poder Judicial. Necesariamente, deberán mantenerse.
Algunos de estos tribunales tienen el carácter de tribunales
administrativos, porque la ley así lo ha indicado. Y, como señalaba el
profesor Schiessler, en estos casos tendría que existir la posibilidad de una
facultad disciplinaria ejercida por el Poder Judicial.
El señor DIEZ observa que es muy peligroso darla a las Cortes de
Apelaciones, porque se puede crear una verdadera anarquía al respecto.
Cree que la facultad disciplinaria no puede corresponder sino a la Corte
Suprema, en un país de un sistema unitario de legislación. Porque en caso
contrario comienza la desviación hacia el federalismo.
El señor PIERRY señala que quizás sea defectuosa la redacción del
proyecto en este aspecto. Pero como se está pensando en este caso en la
vía del recurso de queja y Como éste, respecto de los tribunales, se entabla
ante el tribunal inmediatamente superior, por eso se produjo esta dificultad
en la redacción.
Ahora bien: puede plantearse el problema de que en definitiva, por
una vía u otra —sea por la de la facultad disciplinaria o por la de la acción
contencioso-administrativa—, la Corte Suprema se vea abocada a conocer
de toda la actividad administrativa. Pero éste es, por supuesto, el riesgo
que necesariamente se corre al crear lo contencioso-administrativo y, por
último, al establecer en Chile el recurso de nulidad en contra de los actos
administrativos.
Volviendo al punto sobre el cual se pidió informe, con relación a la
posibilidad de facultad correctiva, a su juicio, de lo que se trata es de
prever que, por la vía de la interpretación de determinados actos de la
Administración como de naturaleza jurisdiccional, no queden ellos excluidos
de la competencia de los tribunales ordinarios. Si se estima que en
definitiva contra esos actos jurisdiccionales puede recurrirse ante la Corte
de Apelaciones, de esta forma queda solucionado el problema. Porque,
como ya dijo, si es acto jurisdiccional, se ocurrirá ante la Corte de
Apelaciones; y si es acto administrativo, será el recurso de nulidad. Esto,
entonces, significaría que no sería necesario modificar el texto propuesto
por fa Subcomisión de Reforma Constitucional,
El señor ORTUZAR (Presidente) cree que las intervenciones de los
profesores han aclarado bastante el debate. Porque de lo que se trata es
precisamente de que los actos de la Administración abusivos o arbitrarios,
sean propiamente administrativos o bien jurisdiccionales, queden de alguna
manera sujetos a la revisión superior de un organismo realmente
jurisdiccional, para poder de este modo preservar el Estado de derecho.
Estima que los profesores invitados han sido muy claros para hacer