Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

estableció que el recurso de casación también procedía por la causal quinta,
o sea, no haberse dictado la sentencia en la forma dispuesta por la ley.
Porque el Código Tributario obliga a que la sentencia que emita el Director
de Impuestos Internos tome en consideración los argumentos que los Jefes
de Zona le hacen presente cuando le informan de un reclamo. Si en su fallo
el Director no considera tales informes, se da lugar al recurso de casación.
La propia ley ha establecido, entonces, el control de los tribunales ya no
sólo en cuanto al fondo de la cuestión, sino también en cuanto a la forma.
El señor GUZMAN deja constancia de que su inquietud está
fundamentalmente centrada en los casos en que los funcionarios públicos
son llamados a integrar tribunales colegiados y en que no cabe la menor
duda de que están ejerciendo jurisdicción y que son tribunales. Es allí
donde está fundamentalmente dirigida su consulta, en el sentido de
precisar cuál es el alcance que tiene la superintendencia de la Corte
Suprema respecto, no de esos tribunales en cuanto conjunto, lo que le
parece claro, sino de cada uno de sus miembros en particular, y, en
especial, de quienes son funcionarios públicos y no miembros dependientes
del Poder Judicial. Ahí es donde, a su modo de ver, la situación es nebulosa
a la luz de lo escuchado, porque parecería poder extenderse a esos
funcionarios públicos todas las facultades disciplinarias comprendidas por la
superintendencia correccional, directiva y económica que posee la Corte
Supremas Parecería, también, que éstas no se han ejercido nunca y que
sólo llegarían, en su alcance, a impedir que la persona —el funcionario
público— pueda seguir siendo miembro del tribunal, pero no más allá.
Dado que este tema podría entrañar un conflicto de poderes, llegado
el momento de su ocurrencia práctica, ha tratado de insistir en el
esclarecimiento pleno de este punto.
El señor ORTUZAR (Presidente) se inclina por mantener la
superintendencia directiva, correccional y económica sobre estos tribunales
especiales a que se refiere el señor Guzmán.
Comprende que siempre va a quedar un problema que, en definitiva,
será de jurisprudencia y de interpretación de la propia Corte Suprema:
establecer si se trata realmente de tribunales especiales o de entes
administrativos que están ejerciendo una función jurisdiccional,
Se inclina por esa posición porque el problema es muy difícil de
resolver y porque tiene plena confianza —y la experiencia así lo ha demostrado,
puesto que el propio Presidente de la Corte Suprema señala que
ella jamás ha ejercido estas atribuciones— en que, si llegara a ejercerlas, lo
hará con tal mesura, discreción y ponderación que, en definitiva, va a ser
conveniente para los intereses generales y, sobre todo, para lo que
interesa, que es velar por el Estado de Derecho, y particularmente porque
como lo señaló el Presidente de la Corte Suprema, el ejercicio de estas
facultades disciplinarias, que podrían recaer sobre un funcionario
propiamente administrativo que integre un tribunal especial, única y
exclusivamente diría relación con el ejercicio de la función propiamente
jurisdiccional que en ese instante estuviera ejerciendo y no significaría
privarlo de otras facultades, de otras atribuciones, ni mucho menos