Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) señala que ha estado
meditando —y en esto cree representar la opinión del Presidente de la
República acerca de la facultad anulatoria.
Dicha facultad es propia de la autoridad administrativa, de acuerdo
con las doctrinas administrativas sustentadas por largos años, no obstante
que toda doctrina admite rectificaciones, porque el Derecho es una cosa
viva, bullente. Pues bien, las doctrinas administrativas han sostenido hasta
el momento que la potestad de rectificación es propia de la autoridad
administrativa o de un tribunal de lo contencioso-administrativo. Aquí es
donde le surge la inquietud de ir a la creación de un tribunal de lo
contencioso-administrativo. Y por eso es que ha pedido a esta comisión que
se trate primero la Contraloría y, más adelante, una vez delimitadas sus
atribuciones, que se entre al estudio de los tribunales de lo contenciosoadministrativo.
Estos tribunales llevan en sí la posibilidad de llegar a la anulación del
acto administrativo. El ejercicio por parte de una autoridad distinta del
Ejecutivo de esta potestad revocatoria o anulatoria, por la vía de la
ilegitimidad, tiene el inconveniente práctico de que podría convertir a tales
tribunales el día de mañana en los administradores del Gobierno, en
administradores de la nación.
En algunos casos se está viendo cómo, por la vía del recurso de
protección, en cierta medida y en ciertos sectores, se debe aceptar el hecho
de que sean los tribunales de justicia los que estén decidiendo la acción de
Gobierno. No dice que lo hayan hecho bien o mal; no los está juzgando,
porque no le corresponde hacerlo, ni mucho menos siendo Ministro de
Justicia. Pero sí le preocupa, y deja planteada aquí su inquietud en el
sentido de que esta potestad anulatoria pudiera ser la vía para que un
tribunal de lo contencioso-administrativo —que nunca tendrá la experiencia
técnica y la capacidad de los servicios de la Administración y de la
Contraloría General de la República— empiece a dirigir el Estado. Eso lo
encuentra de una peligrosidad ilimitada.
No teme a que la Contraloría ejerza una facultad anulatoria con
imperio, porque conoce a todos sus integrantes y la formación jurídica,
prescindiendo de toda otra consideración, de los mismos, empezando por el
señor Contralor. Pero sí teme que un tribunal de lo contenciosoadministrativo,
al que habría que dar la facultad lógica de anular el acto de
la autoridad —porque la sentencia tendría que resolver el conflicto y señalar
la forma cómo lograrlo—, pueda entrar por esa vía, con otro tipo de
motivaciones, a administrar el Estado y, lo que es más grave, sin la
preparación técnico-jurídica que se requiere para ese efecto.
Deja planteada esta inquietud respecto de la creación de los tribunales
de lo contencioso-administrativo. Por eso le ha parecido extraordinariamente
interesante lo que dijo el señor Contralor, en el sentido
de que la práctica hasta el momento ha demostrado que los tribunales,
cuando ejercen funciones en lo contencioso-administrativo por la vía de