Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En cuanto al proyecto, éste propone:
Primero, el control jurídico, contable, financiero y administrativo de la
administración del Estado y de los demás organismos que determinen las
leyes (artículo 1° del proyecto).
Segundo, plenas potestades fiscalizadoras para velar de oficio o a
petición de parte por la recta aplicación del derecho que haga la administración
del Estado, quedando facultada para dirigirse a cualquier
autoridad pública y recabar de ella el cumplimiento íntegro y cabal de las
normas que rigen la organización, funcionamiento y finalidad de los
servicios públicos bajo apercibimiento de derecho (artículo 4°).
Tercero, aplicar directamente las medidas disciplinarias que deriven
de un sumario o investigación administrativos instruido por la Contraloría
General de la República (inciso final del artículo 4°).
Cuarto, control jurídico preventivo y a posteriori de una manera
general sobre toda la Administración (artículo 5° inciso primero). Comprendiendo
el control a posteriori el contencioso de anulación (inciso
segundo del artículo 5°).
Quinto, control administrativo, consistente en el examen objetivo de
una organización o función a fin de determinar la eficiencia en el manejo de
sus recursos y la eficacia en el logro de sus objetivos.
Y sexto, determinar la forma cómo deberán organizarse las oficinas
especiales de control que deberán existir en los diferentes servicios
sometidos a su fiscalización.
Antes de entrar al comentario de la proposición en estudio, estima
útil recordar que el control de la Administración es una de las materias de
mayor importancia dentro de una buena organización administrativa y que
ha sido objeto de numerosos estudios por todos los autores de Derecho
Administrativo.
La primera gran clasificación del control de la Administración es la
que distingue entre el control parlamentario, administrativo y jurisdiccional.
También existen otras clasificaciones: control preventivo y a posteriori,
control jurídico y contable, etcétera.
En todas las legislaciones se consigna un sistema más o menos
complejo de control que comprende tanto el parlamentario, como el
administrativo y el jurisdiccional, el que opera en forma armónica y
coordinada para producir los efectos que se desean, principalmente defender
el Estado de Derecho; es decir, que la Administración actúe dentro
del marco de la ley. El control parlamentario, es el que realiza el
Parlamento; el control administrativo, la propia Administración, y el control
jurisdiccional, los tribunales administrativos.
La Contraloría, en cuanto a sus funciones, cae dentro del control
administrativo, ya sea en una labor de autocontrol por los distintos servicios