Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Si la Comisión, como necesariamente tiene que hacerlo, va a
consagrar el control de la legalidad y de la constitucionalidad con jerarquía
constitucional —porque, hoy por hoy, es la función más trascendental
de la Contraloría y más vinculada al Estado de derecho que desean
preservar—, le parece que deberán establecer con jerarquía constitucional
limitaciones a la facultad de insistir que la Ley Orgánica de la Contraloría
reconoce al Presidente de la República. Por la gravedad que tiene la
insistencia, deberán poner limitaciones, las que, a su juicio, deben ser de
rango constitucional, para impedir que ocurra lo que sucedió en el
pasado: que por la vía del decreto de insistencia, como ha dicho más de
una vez, se pretenda legislar y desconocer las funciones propias del
Parlamento. Ahora, esas limitaciones, para que realmente sean efectivas,
deben estar preceptuadas en la Constitución. Y, si se consagran las
limitaciones, obviamente hay que reconocer la facultad también en la
Constitución.
Esa es por lo menos una primera aproximación al problema.
El señor BERTELSEN señala que concuerda más con el señor
Presidente que con la señora Bulnes. Cree que esta materia sí es
constitucional, porque se trata de un punto grave y conflictivo, de acuerdo
con la experiencia chilena, en cuanto a las relaciones de los Poderes
Públicos. Y habría que establecer bien en la Constitución en qué va a
consistir, puesto que hoy día no está en ella. El artículo 21 no dice nada.
Lo permite, porque expresa: “y las demás funciones que a la Contraloría
le otorgue la ley”, entre las cuales está el control jurídico de la
Administración en forma preventiva. Y han sido la Ley Orgánica de la
Contraloría y sus modificaciones posteriores las que lo han desarrollado
en la práctica.
Ahora bien: tocante a permitir o no permitir decretos de insistencia,
de acuerdo con lo que dijo el señor Contralor —y comparte esa idea—
cree que decretos de insistencia sobre ciertas materias sí deben existir.
Porque, al fin y al cabo, en un momento de discrepancia entre la
Administración y la Contraloría debiera prevalecer el criterio del Gobierno.
Sin embargo, añade, hay ciertas materias —y le pareció entender
así ayer al señor Contralor— en que no debiera haber decretos de
insistencia. Desde luego, está el caso de los decretos de pago: hoy día no
puede haber decretos de insistencia sobre materias de pago, porque está
el 2% constitucional. Y le parece que él decía que tampoco debiera haber
decretos de insistencia cuando se trata de discrepancias sobre el texto por
promulgar de una ley. Cree que en ese caso tampoco podría haber
decretos de insistencia, porque, si no, introducen lo que ha señalado el
señor Carmona, que es la legislación por vía de la insistencia. Y a lo mejor
tampoco debiera haber decretos de insistencia si en un momento dado se
produce una discrepancia sobre la interpretación constitucional con
motivo de un decreto supremo que es atentatorio contra la Carta
Fundamental. Por último, debiera requerirse ahí el pronunciamiento de la