Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

los demás servicios descentralizados. En cuanto a estos últimos, cree que
existiría acuerdo en que deben tener la misma fiscalización que tienen los
servicios centralizados, o, por lo menos, semejante.
El señor ORTUZAR (Presidente) pregunta dónde estaría ubicado el
Banco Central.
El señor FLISFISCH (Presidente del Consejo de Defensa del Estado)
responde que, en general, se ha estimado que se trata de un organismo
semifiscal, no de una empresa del Estado, como la CORFO y el Banco del
Estado, en ciertos aspectos.
El señor ORTUZAR (Presidente) explica que formuló la pregunta
porque en la Comisión algunos de los invitados han hecho presente que, en
el caso del Banco Central, el control administrativo podría tener algunos
inconvenientes, sobre todo, si se trata de un control preventivo, como lo es
el administrativo.
El señor FLISFISCH (Presidente del Consejo de Defensa del Estado)
considera que, evidentemente, el problema del Banco Central está al
margen de este asunto, por cuanto, lógicamente, debe estar sometido no a
la fiscalización de la Contraloría, sino de la Superintendencia de Bancos, que
es el organismo especializado en esta clase de materias.
Enseguida, indica que hará algunos comentarios sobre el proyecto, en
general.
Primero, los diferentes artículos están redactados de una manera
bastante vaga y, por consiguiente, carecen de la precisión que debe ser la
característica fundamental de los preceptos constitucionales. Por vía de
ejemplo puede señalarse el artículo 1°, según el cual la Contraloría ejercerá
la función de control jurídico, contable, financiero y administrativo de la
Administración del Estado y de los demás organismos que determinen las
leyes. Esta disposición es de una vaguedad absoluta.
El artículo 4° le confiere plena potestad fiscalizadora para velar de
oficio o a petición de parte por la recta aplicación del Derecho que haga la
Administración del Estado. Al respecto, vale el comentario anterior.
El artículo 5° le entrega, sin limitaciones, un control jurídico,
preventivo y a posteriori, constituyéndola en un verdadero tribunal administrativo.
Finalmente, el artículo 7° le otorga un control administrativo
consistente en el examen objetivo de una organización o función, a fin de
determinar la eficiencia en el manejo de sus recursos y la eficacia en el
logro de sus objetivos.
Segundo, el proyecto pretende entregar a la Contraloría facultades
que, en su concepto, son exageradas y se apartan de la naturaleza de este
organismo, llegándose al extremo de que en ciertas materias tendría
atribuciones por sobre el Poder Ejecutivo, pudiendo inclusive, como se