Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

epensando su idea anterior y, recordando —como lo acaba de señalar el
señor Presidente— que si hubiera habido un recurso de
inconstitucionalidad, se habrían evitado muchos males en el Gobierno
pasado, en realidad, está llegando a la convicción de que el esquema es
bueno, pero todo mirado en un contexto donde la disposición esté
claramente inserta, impidiendo inclusive algo a lo cual se refirió el señor
Presidente al hacer la siguiente pregunta: “¿Y si se acaban los tribunales?
Mala suerte”. Le parece que no se podría llegar a eso. Es decir, si por la vía
de un plebiscito calificado, el 65% del país está de acuerdo en que se
acaben los tribunales, bueno, se acabarían los tribunales, pero no podría
una reforma constitucional suprimir el Poder Judicial o el recurso de
inconstitucionalidad porque una mayoría ocasional o circunstancial
parlamentaria lograra, en un momento determinado, los dos tercios
necesarios, los cuales, según pueden recordar, eran válidos en cierta
época. Sin embargo, la impresión en el esquema nacional era de que los
dos tercios no estaban vigentes. En el Parlamento sí lo estaban, pero
debido al problema de Senadores con ocho años en el cargo y que
pertenecían a una proyección parlamentaria anterior, que no reflejaba
realmente el sentir de todo el país. Desde este punto de vista, pensando
que estas experiencias serán las que marcarán el esquema, cree posible
considerar la factibilidad de la procedencia, evitando así algo muy
importante y sustancial como la posibilidad de enfrentamiento entre los
Poderes del Estado, y que el señor José María Eyzaguirre miraba con cierto
temor. Desde tal punto de vista, piensa que la discusión es conveniente por
cuanto lleva a examinar minuciosamente las cosas y, sobre todo, a
ilustrarlos para evitar los males que algunos prevén.
En cuanto al aspecto del juicio pendiente, estima que el señor
Guzmán, al explicar su pensamiento al respecto, señaló una cosa muy
clara. Desde el punto de vista teórico, parece conveniente que algo tan
delicado como lo es la constitucionalidad de una norma legal pueda ser
materia de acción pública y no requiera juicio pendiente. Pero, desde un
ángulo pragmático, debe insistir en su punto de vista en cuanto a la
cantidad de recursos que ello importaría.
En segundo lugar, la no existencia de juicio pendiente y la necesidad
de que el Tribunal Supremo tuviera que partir diciendo que el recurso es
procedente porque hay un perjuicio actual, importaría, a su modo de ver,
algo como prejuzgamiento de los tribunales, pues con el sólo mérito del
recurso tendrían que calificar si hay o no hay perjuicio actual, en
circunstancias de que la factibilidad de ello es mayor —en cuanto al
tribunal se refiere— con la existencia del juicio, pendiente, porque allí hay
controversia de algún tipo en la cual se exponen los puntos de vista de las
partes, por lo menos, si hay contestación de la demanda, de modo que el
Tribunal Supremo pueda resolver, con cierto criterio de contrapunto, si
evidentemente existe un perjuicio tal como para suspender el proceso y
pronunciarse previamente sobre la constitucionalidad del precepto.
Desde ese punto de vista, estima que el aspecto pragmático apunta
hacia la necesidad del recurso pendiente.