Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

mente opina desde el punto de vista de un precepto en la Constitución
definitiva.
Cree que es conveniente que cuando el más alto Tribunal de la
República lo ha declarado en forma reiterada en tres, cuatro, cinco o seis
fallos consecutivos —el número es algo que está sujeto naturalmente a
apreciación—, se estime que esa disposición ha perdido su fuerza legal,
porque la verdad es que la ciudadanía no se explica esto de que, habiendo
declarado la Corte Suprema reiteradamente que un precepto es contrario a
la Constitución, tenga que seguir aplicándose ese precepto legal, y se vea
obligada a recurrir a los Tribunales de Justicia con todo el costo y las
molestias que ello significa, etcétera, para obtener una nueva decisión en
el mismo sentido.
Hace notar que le hace fuerza el argumento del señor Díez en orden
a que pudiera eventualmente producirse un conflicto —probable
enfrentamiento— entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el
Legislativo, pero la verdad de las cosas es que cree que la existencia de un
precepto de esta naturaleza tendría la conveniencia de que llevaría al Poder
Legislativo y al Colegislador, el Presidente de la República, precisamente a
actuar con mucho cuidado para no apartarse de los términos de la
Constitución, si se sabe que va a existir la posibilidad de que otro Poder
Público pueda declarar inconstitucional un precepto que ha violado la Carta
Fundamental.
Destaca, en seguida, que el señor Díez dice que puede abusarse de
este recurso, pero la verdad es que, en los términos en que está contemplado,
se requiere que exista un juicio, pues no puede cualquier persona
entrar a pedir a la Corte Suprema que declare inaplicable un precepto
legal; debe haber un juicio y llegar hasta la Corte Suprema.
El señor DIEZ acota que no es difícil hacer un juicio.
El señor ORTUZAR (Presidente) previene que se trata de un juicio
que aunque sea por la vía de un recurso llegue hasta la Corte Suprema.
En síntesis le parece que va contra la lógica y contra la economía
procesal, desde luego, el exigirle al ciudadano, aún cuando ya ha habido
una manifestación reiterada de la Corte Suprema en orden a que un
precepto es ilegal, que tenga que recurrir de nuevo a los tribunales, y se
siga aplicando esa norma como si tuviera validez. Estima que la opinión
pública eso no lo entiende, y se ha dado cuenta que, muchas veces,
cuando la Corte Suprema ha declarado que un precepto es contrario a la
Constitución, se pregunta por qué sigue teniendo vigencia este precepto;
no entiende esto de la inaplicabilidad para el caso particular que han
conocido los Tribunales de Justicia.
Añade que, en segundo lugar, el argumento que pudiera parecer
más fuerte, del señor Díez, que es el de que pudiera provocarse cierto
conflicto, no le parece que sea muy valedero, porque a alguien va a te-