Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

movilidad valorativa, o sea, que el camino A, el B, el C, el D —hasta la Z, si
es posible—, dentro de la ley, son legítimos. Le parece que no podría
limitarse sólo a la Contraloría a decir que el camino Z es adecuado y que el
D no lo es, sino que se debe señalar, además, todos aquellos caminos en
que, en definitiva, el decisor sea el Administrador y no el Contralor, porque
en ese momento pasa administrar él.
El señor CARMONA expresa que ha escuchado con mucha atención el
planteamiento de la señorita Ministro, y quiere participarle algunas
inquietudes que le han surgido al respecto, pues cree que aquí se está
tratando de definir algunos conceptos previos en forma muy general: el
poder de seguridad, como anotaba el señor Guzmán, que los lleva a un tipo
de control; el jurisdiccional y, enseguida, el control político, a través del
Parlamento, como controles que quedarían fuera de la competencia de la
Contraloría, para ir precisando después.
Agrega que en lo referente al concepto de la interpretación finalista
de la ley, le asalta una duda muy fundamental, y personalmente preferiría
que esta interpretación finalista de la ley la dieran siempre los tribunales,
para que, con su evolución, con la maduración de ideas, de conceptos, de
nuevas técnicas y de lo que va sucediendo en el mundo, fueran fijando
dicha interpretación, pues otro concepto de la interpretación finalista de la
ley los hace caer en peligros bastante grandes si no lo definen en forma
adecuada, aunque le parece muy difícil la definición o la contención en una
definición de lo que es la interpretación finalista de la ley.
Estima que, con todo lo sucedido en Chile, con los Gobiernos de
diferentes ideologías, para una clase de Gobierno con determinada ideología
la interpretación finalista de la ley puede ser una herramienta extraordinaria
—sucedió con el régimen del señor Allende— para interpretar la ley en la
forma adecuada a los intereses ideológicos que él quiere defender.
Cree, por eso, que esto debería quedar más bien entregado a la
fiscalización parlamentaria, para la contención de un tipo de Gobierno
determinado que quisiera dar a la ley una interpretación ideológica que no
estuviera, por ejemplo, de acuerdo con el sentimiento de la mayoría del
país, o con la realidad de los hechos; pero, en el campo administrativo lo
considera peligroso por una razón de principios administrativos. Le parece
que una de las seguridades que puede tener el país es la conciencia de que
la aplicación de la ley por parte de la autoridad administrativa —y se refiere
en especial a lo que vulgarmente se llama “mandos medios”:
municipalidades, directores de servicios, directores regionales, etcétera—
sea uniforme a lo largo de todo el país, y que no vaya a ocurrir que un
municipio, o un alcalde, o un director regional de Impuestos Internos, o un
director de cualquier servicio —del Servicio de Salud, por ejemplo, de
Temuco, de Antofagasta, o de Iquique—, pudiera, respecto de la
interpretación finalista de la ley, no abusar o incurrir en desviación de
poder, sino, lisa y llanamente, y de buena fe dar un alcance totalmente
distinto a las disposiciones.
Considera que entre lo que ha mantenido la unidad de este país está,
precisamente, la seguridad que tiene una persona de que en el ámbito